Distribuidoras pidieron aumentar la luz 89% en promedio y actualizar la tarifa todos los meses

Se lleva a cabo el encuentro entre las empresas, el Gobierno y la oposición en el marco de la primera audiencia pública de electricidad del gobierno de Javier Milei, para definir el futuro de la tarifa de luz. Allí, las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) solicitaron incrementos que implican aumentos promedio en la tarifa final de hasta el 89%, sobre el que reclaman que se realicen actualizaciones "mensualmente y de forma automática".

La audiencia pública comenzó con 1 hora y 45 minutos de retraso respecto del horario de la convocatoria (8:30), y tuvo un desarrollo accidentado "por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad", dijo el interventor del ENRE, Darío Arrué.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y remarcó la necesidad de aplicar una "readecuación de la estructura tarifaria de forma transitoria", en un plazo que no puede exceder el año en curso o la convocatoria a una revisión tarifaria quinquenal integral.

En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una "nueva conceptualización" para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

"Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real", manifestó, al tiempo que criticó que luego de "dos décadas de disfuncionamiento energético" se haya generado una tarifa "carente de toda razonabilidad", con "un fomento del consumo sin control" que dejó al sistema "al borde del colapso".

Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como "propuesta de cambio" la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.

Para eso, remarcó la importancia de establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que establezca los distintos tipos de requerimientos de consumo en las distintas zonas del país, "subsidiando situaciones de vulnerabilidad" en base a un diferencial entre el valor de la canasta y los ingresos familiares.

"Veo que la discusión se focaliza en los porcentajes de aumentos y se pierde de vista que el aumento de tarifas es una corrección de precios relativos", señaló, para agregar que "hay costos que deben ser pagados, el gobierno anterior decidió hacerlo con impuestos e inflación y este gobierno con tarifas que cubran los costos, para reducir el déficit fiscal".

Con ese criterio, Beljansky sostuvo que "los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán".

Por su parte, el representante de Edenor, Guido Hernández, solicitó un requerimiento anual de ingresos de $521.303 millones, lo que implica un incremento promedio del 89% en la factura para el 80% de los clientes de la compañía.

De esa forma, explicó, la factura promedio pasará a ser de $ 7.619, que representa un incremento diario de $ 246, que comparó con el precio de "medio alfajor".

Asimismo, para un 10% de consumos altos el promedio será de $33.771 y para el 10% restante, de mayores consumos, será de $68.425 en promedio, siempre respetando consumos similares a los que se venían registrando.

Como la participación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es del 29% del total de la tarifa, "Edenor recibirá sólo $ 2.209 por factura promedio, el equivalente al costo de una botella de gaseosa", comparó Hernández.

Por su parte, Jorge Lemos, de Edesur, advirtió que la audiencia se convocó "sólo para analizar el impacto de la inflación en la remuneración" de la empresa "y no la conclusión de una revisión tarifaria", por lo que no dio precisiones sobre incrementos solicitados, pero remarcó que "es necesario contar con una adecuación sistemática y efectiva".

Al respecto, cuestionó que la región de AMBA tiene "una de las tarifas más bajas del país y no existe justificación técnica para este desbalance", además de recordar que "Edesur no recibe ningún tipo de subsidios (se concentran exclusivamente en la generación) y es correcto que así sea".

Para finalizar, detalló que de cada $ 1.000 que paga el usuario en la factura, Edesur recibe $ 270, y ese es "el único recurso con el que cuenta la empresa para desarrollar sus actividades".

Quien también participó de la audiencia fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray- Durante su intervención, el jefe comunal expresó su preocupación por los aumentos formulados, señalando que “se proponen aumentos exponenciales para un servicio que en nuestro distrito funciona cada vez peor ya que, en Esteban Echeverría, el año pasado hubo un 84% más de usuarias y usuarios afectadas/os por cortes de luz que en 2022”, y agregó que “desde el Municipio presentamos reclamos constantes ante el ENRE por los incumplimientos de Edesur vinculados a los cortes y el estado de los postes de luz y cables del tendido eléctrico”.

A su vez, hizo hincapié en la falta de inversiones por parte de la empresa concesionaria, mencionando un terreno cedido en 2015 para la construcción de una subestación eléctrica que aún no se ha materializado, después de más de ocho años. “En 2023 volvimos a firmar otro acuerdo que revalida y extiende por cinco años el plazo de concesión para la construcción de esta subestación tan importante”, agregó.

Además, en el marco de la inclusión energética, destacó: “La eliminación de los subsidios, el aumento indiscriminado de las tarifas y el pésimo servicio tienen un impacto muy negativo en los sectores más vulnerables, comercios, pymes y entidades de bien público”.

Durante 2023, el Municipio de Esteban Echeverría presentó 44 denuncias contra Edesur por cortes no programados que afectaron a 169.064 usuarias y usuarios. Asimismo, a través de relevamientos realizados con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se presentaron 10 denuncias ante el ENRE por el mal estado de 746 postes de luz y cables de energía eléctrica que representaban un riesgo para la seguridad pública. Estas denuncias se basaron en incumplimientos al contrato de concesión y al reglamento de suministro. Además, la Defensoría del Pueblo acompañó a las usuarias y los usuarios en sus reclamos por las interrupciones no programadas del servicio.

Cabe resaltar que el intendente Fernando Gray presentó recientemente una acción de amparo ante la Justicia Federal para suspender la audiencia pública que trata la modificación de las tarifas del servicio público de energía eléctrica debido a irregularidades en la convocatoria. Sobre esta cuestión, resaltó que “no se explica el motivo por el cual no se cumple con la normativa de incluir la presencialidad en una audiencia que afecta tan sensiblemente la vida cotidiana de nuestra gente. Es imperioso garantizar un marco institucional transparente para la toma de decisiones que tanto interesan a las familias argentinas”.

Fuente: Ambito.com