El Anses reemplazó a los bancos en el otorgamiento de créditos a empresas

El despacho de Sergio Chodos, la mano derecha de Amado Boudou en la ANSES, se convirtió en la nueva meca para empresarios y operadores financieros en busca de los préstamos que ya no dan los bancos por la crisis. Sin los controles que dispuso la ley que terminó con las AFJP, el funcionario repartió más de $ 300 millones entre un puñado de grandes firmas a las que compró Obligaciones Negociables (títulos de deuda). Mientras la oposición apunta contra los créditos de la caja jubilatoria al Tesoro para los pagos de deuda pública, las agencias de Bolsa y las cámaras patronales desplegaron todo su poder de lobby para ampliar el flujo de fondos al sector privado. Y según revelaron fuentes empresariales a Crítica de la Argentina, las compañías sólo se lanzan a emitir títulos de deuda cuando consiguen la promesa verbal de Chodos de que pondrá plata en la vaquita. Igual que como hacían con los gerentes de las AFJP.

En lo que va del año, sólo a través de Obligaciones Negociables (ON), las firmas que obtuvieron dinero de la ANSES son la eléctrica Edenor, la cementera Minetti, la transportadora de gas Emgasud y la casa de electrodomésticos Ribeiro. Otra que se apresta a hacerlo es la automotriz Mercedes-Benz.

Las empresas también acceden a esos fondos mediante otros dos mecanismos:

* Fideicomisos: se arman para financiar obras, inversiones o préstamos para el consumo a intereses altísimos. Entre enero y abril hubo 74 emisiones que insumieron $ 3.448 millones, según la Comisión Nacional de Valores (CNV). La ANSES llegó a comprar el 80% de algunos, como el de u$s 300 millones para la construcción de dos centrales eléctricas. Y pronto pondrá cerca de $ 1.000 millones más para que Peugeot y General Motors levanten sendas líneas de montaje nuevas en sus plantas.

* Préstamos dirigidos: los ofrecen los bancos a firmas de ciertos sectores predeterminados, con el dinero que la ANSES les deposita a plazo fijo. Aunque Cristina Kirchner anunció los montos que se destinarían a cada sector (agro, industria, taxis, pymes), las pautas terminaron por relajarse y los bancos pactan cada caso por separado.

Boudou defendió varias veces esas operaciones con el argumento de que ahora la plata de los futuros jubilados “financia la economía real” y no las apuestas de corto plazo que hacían las AFJP. Pero el destino de los fondos no varió tanto. La diferencia es que antes se conocía, porque la Superintendencia del rubro lo informaba cada 15 días. Ahora los datos no se publican ni se entregan al Congreso.

VARITA MÁGICA. Chodos decide a quién prestarle y a quién no. El joven abogado –hijo de un conocido contratista de obras públicas– recibe a decenas de ejecutivos por día en su oficina revestida en madera del segundo piso de la ex Superintendencia de AFJP, en Tucumán al 500. La mayoría son enviados de cámaras empresarias en busca de préstamos dirigidos para sus socios. También ejecutivos de las agencias de Bolsa que contratan las empresas para obtener dinero.

Aunque todos desfilan para pedirle plata y su venia puede cambiar la suerte de un negocio, Chodos no lleva registro público de audiencias. Formalmente preside el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, pero en los hechos se alterna con Boudou en las tareas de mayor responsabilidad en el ente.

Esta semana, Mercedes-Benz anunció que saldría a tentar a inversores con $ 100 millones en ON que encargó colocar a la compañía bursátil Capital Markets. Pero 15 días atrás, según fuentes del mercado, un alto directivo de CM ya festejaba haber conseguido 70 millones. Lo había hablado con Chodos.

DANZA DE MILLONES. El Gobierno lanzó desde fines del año pasado un festival de líneas de crédito para reducir el impacto local de la crisis. En total anunció que usaría $ 13.200 millones de la ANSES, incluyendo el plan para incentivar la venta en cuotas de autos cero kilómetro. La mayoría de los planes apenas logró arrancar.

Los diputados opositores Claudio Lozano, María América González y Eduardo Macaluse presentaron en febrero un proyecto para declarar ilegales todos los movimientos de plata que ordenó Boudou desde que se estatizó el sistema. No tuvieron eco.

El Gobierno dice que los controles podrán hacerse a posteriori y que todo está registrado. Lo único que informó –a pedido de la diputada Fernanda Reyes (ARI)– es que en sus arcas hay $ 103.600 millones, con cerca del 60% colocado en títulos de la deuda pública. El resto –más de 40 mil millones– conforma la caja de créditos blandos que disputan las empresas.(CRÍTICA DIGITAL)