El Defensor del Pueblo apeló la resolución judicial que avalaba el aumento de la tarifa del gas
La pelea por el el aumento tarifario a residenciales en el suministro de gas continuará. Es que la Defensoría del Pueblo apeló la resolución de primera instancia por la cual no se hizo lugar a la medida cautelar con la que se prentendía que no se apliquen los incrementos en las facturas a los usuarios cuyos consumos superen los 1000 metros cúbicos.
La semana pasada, la Justicia había rechazado la medida solicitada por la Defensoría para frenar el cobro del cargo tarifario que comenzó a figurar en las últimas facturas, que para los usuarios residenciales mostraron aumentos que alcanzaron los tres dígitos.
La Defensoría estimó que la jueza Alicia de Negre, a cargo del Juzgado N° 9 en lo Contencioso Administrativo Federal, "utiliza argumentos equivocados para rechazar la medida cautelar tales como que no hay inminencia de corte en el suministro y que los usuarios, de prosperar la demanda, podrán recuperar lo pagado de más por las vías pertinentes".
"Olvida la Señora Juez que debido a los siderales aumentos -hasta un 360%- los usuarios no podrán abonar sus facturas y, en consecuencia, el servicio les será cortado, conforme surge de las potestades que le otorga el decreto N° 2255/92. Los aumentos, por su envergadura, importan que los usuarios jamás podrán hacer frente a esa nueva facturación. Entonces ¿que sentido tiene esperar que la empresa envíe las intimaciones de corte, en lugar de resguardar y proteger a los usuarios, frente a un servicio público tan esencial como es el del gas?", argumenta la presentación.
En cuanto a la posibilidad de que los usuarios puedan llegar a reclamar por lo pagado de mas, como sostiene la juez en su fallo de desestimación, la Defensoría sostiene que "resulta un razonamiento utópico porque la población carece de dinero para solventar un aumento de hasta el 360%".
Y agrega: "También parece olvida la señora juez los severos momentos de crisis económica que atraviesa actualmente nuestro país al afirmar que los usuarios podrán pagar el cargo tarifario y luego recuperar los montos oblados".
Enarsa. El cargo tarifario, implementado a fines del año pasado, fue diseñado para aumentar los ingresos de la petrolera estatal Enarsa a través de un fondo fiduciario.
Enarsa tiene a su cargo las importaciones de gas, tanto las provenientes de Bolivia como las de gas licuado (GLP) que llegan a la Argentina en barco. Con ese cargo, el Gobierno reducirá los subsidios que otorga a la petrolera estatal y los compensará con fondos aportados directamente por los consumidores.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció una modificación en el esquema del cargo, que exceptúa del aumento a 330.000 clientes del interior de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Según el Gobierno, con el nuevo esquema, la medida regirá para el 31% de los clientes de todo el país, es decir, unos 2,07 millones. (LA NACIÓN)