El Gobierno de CABA reglamentará el uso de las combis que circulen por la ciudad
El gobierno porteño pondrá en marcha una mesa de diálogo con los sindicatos de taxistas y con las asociaciones de empresarios de transporte automotor para acordar la reglamentación y el ordenamiento que deberán respetar más de 5.000 combis y charters que recorren la ciudad a diario y que hasta ahora no respetan ninguna legislación porteña. La mesa comenzará a funcionar esta semana, luego de que el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal, conducido por Omar Viviani, decidió suspender la marcha prevista para hoy, que fue convocada para repudiar un proyecto presentado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que busca reglamentar el transporte de pasajeros de naturaleza comercial “que se efectúe en vehículos de más de cinco personas sin el conductor, con excepción de transportes escolares, de recreación y excursión”. La creación de la mesa fue propuesta a Viviani por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y por el vicepresidente segundo de la Legislatura, Diego Santilli, quienes se comprometieron a frenar el tratamiento del proyecto hasta “que se pueda consensuar una política común que reglamente todos los servicios alternativos sin perjudicar a los taxistas”, explicó un funcionario del gobierno porteño.
EL TEXTO. La norma que cosechó la inesperada bronca de Viviani es el expediente 641-J-2008, un proyecto presentado por Macri en abril de 2008 que todavía no fue tratado en el recinto legislativo. Entre otras cosas, abre la posibilidad de implementar un boleto único para toda la ciudad, crea un Registro de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Urbano Automotor, y un Sistema de Seguimiento del Modelo de Calidad de este servicio, dos organismos que evaluarán “los parámetros de calidad” de cada uno de los colectivos, combis y charters que circulen en los 202 kilómetros cuadrados del territorio porteño. Según el proyecto, los dos registros serían administrados por el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, el organismo que tiene potestad de control sobre el transporte público porteño, pero que no puede controlar las combis porque provienen de distintos puntos del conurbano bonaerense y que ignoran el poder de policía de la Ciudad para esta materia.
Si el nuevo régimen es aprobado, la ciudad tendrá derecho a redefinir todos los recorridos que se realicen dentro de su territorio y concesionarlos por un plazo máximo de 20 años en licitaciones públicas. Además, el proyecto define ocho categorías distintas de transporte, distribuidas en servicios públicos y servicios complementarios de libre oferta. Entre los primeros, están los servicios comunes de línea, los diferenciales, los expresos y los diferenciales de capacidad limitada. En el caso de los segundos, la ley establecerá que se trata de charters, servicios contratados y de puertos, aeropuertos, hipódromos y espectáculos deportivos. Para Viviani, estas clasificaciones “promueven un serio problema para los taxistas, porque esos nuevos servicios que serán regulados y licitados le quitarán trabajo a los taxis y también entorpecerán el funcionamiento de los carriles exclusivos”, que hasta ahora comparten tacheros y colectiveros.
Aunque ningún funcionario PRO se animó a criticar la pretensión de organizar y reglamentar la calidad del transporte público fuentes del gobierno porteño sostuvieron que “se frenó el proyecto por los enormes negocios que encierra y que hay que revisar”. Para el presidente de la Comisión de Transporte, Daniel Amoroso, el proyecto permite tener control sobre charters y combis y exigirles condiciones de seguridad vial que no respetan”. Tanto desde la Legislatura como desde la comuna, la única razón del frenazo tiene que ver con el poderoso lobby de las combis, consideradas una verdadera mafia metropolitana.(CRÍTICA DIGITAL)