El Gobierno tucumano está preocupado por el desabastecimiento fiscal

Falta carne en el mostrador. Al pollo le crecieron las alas y, si no voló aún, los precios suben en forma sideral. Los lácteos escasean en las góndolas y, por si fuera poco, el verdulero de la esquina tuvo que reajustar, la última semana, los precios de las frutas y de las verduras por lo menos en torno de un peso porque en el mercado “todo se fue a las nubes”.

El paro agropecuario ingresa en su tercera semana y la desesperación puebla cada uno de los hogares argentinos.

El problema no pudo arreglarse, entre gallos y medianoche, el viernes pasado. A los ruralistas todo les resultará insuficiente en la medida que la Casa Rosada no tome acciones contra esa mala palabra para el campo llamada retenciones.

De nada sirven las amenazas ni las plegarias presidenciales para contener el grito del campo, cada vez más fuerte en las bases; cada vez más lejos de las centrales del sector. Como lo advierte el politólogo Sergio Berensztein, el campo ya es un actor político que se coló en el momento menos pensado.

El diálogo entre las partes está abierto y se espera que hoy pueda alumbrar el humo blanco en la Casa Rosada. Claro que esto será posible si es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner accede al reclamo ruralista de suspender, por 90 días, la aplicación de las retenciones móviles.

Desde hace tres semanas, cuando el ministro de Economía, Martín Lousteau, las presentó, el Gobierno viene sosteniendo que esas retenciones móviles fueron pensadas con el fin de evitar el traslado del alza de los precios internacionales a los valores que paga un ama de casa en los productos de primera necesidad que adquiere en el supermercado o en el almacén de la esquina.

Pero, ¿y la inflación? El paro del campo tal vez sirva como una suerte de cortina de humo al Gobierno para poner en el freezer algo tan sensible como la suba sostenida de los precios.

La huelga, sin dudas, alimentará la inflación y quién sabe hasta dónde puede llegar el indicador. De la forma como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) viene midiendo, seguramente este año, el Indice de Precios al Consumidor no pasará de los dos dígitos.

Ese es un probable escenario de la economía que se viene. Sin embargo, la situación puede llegar a complicarse más para toda la cadena de comercialización. Si no hay acuerdo en la problemática del campo, el Gobierno apelará a una herramienta extrema como la Ley de Abastecimiento. Lo advirtió, veladamente, el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al término de la dura cumbre con los ruralistas del viernes.

Vigente desde el 24 de junio de 1974, poco después de la muerte de Juan Domingo Perón, la Ley de Abastecimiento surgió como una necesidad de garantizar la llegada de los principales productos de la canasta familiar a los hogares argentinos. El artículo 2 de la norma faculta a los funcionarios y/u organismos competentes a establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores. Más aún, se puede fijar precios mínimos y/o fomento.

En un escenario de esa naturaleza, hasta el propio gobernador José Alperovich -según el artículo 3 de la ley 20.680- podría fijar -dentro de su jurisdicción- precios máximos y otras medidas complementarias, si es que la Nación no lo hace.

La norma, finalmente, establece penas y multas millonarias contra quienes se opongan a las medidas. Muchos agricultores temen que el Estado aplique esta norma, aunque están convencidos de que su lucha es justa.

Frente al argumento oficial de que el objetivo de las retenciones móviles es evitar una suba de los precios domésticos, el campo responde: “el trigo en 2002 (año en el que se reimplantaron las retenciones) valía $ 380 por tonelada, ahora vale $ 580, un aumento del 52%. El precio del pan en aquel año era de $ 2 el kilo y hoy cuesta $ 4 (suba del 100%)”.

Eso dice en los volantes que los ruralistas entregan en las distintas rutas del país para enunciar que el objetivo oficial con las retenciones es meramente recaudatorio.

El factor ingresos fiscales ya está preocupando al Palacio de Hacienda. El paro del campo seguramente impactará contra los planes oficiales de sostener el incremento interanual del 40% en la recaudación de la AFIP.

Este Gobierno se dio el lujo de prescindir del gran recaudador (Alberto Abad). Y las provincias también perciben este fenómeno, pese a no ser parte de la fiesta de las retenciones. Un dato: a un día del cierre del mes, la transferencia nacional de fondos coparticipables a Tucumán (casi $ 152 millones) está por debajo del total recibido en marzo de 2006 ($ 164 millones). Mala señal para un Gobierno que se acostumbró a vivir en tiempos de bonanza y que ahora deberá poner a prueba su gestión para tiempo de “vacas flacas”. (LA GACETA)