El Gobierno ve al Congreso como única opción para solucionar la crisis institucional del BCRA
En pocas horas, dos altos representantes del Gobierno nacional intentarán reflotar un acuerdo con delegados de la oposición en el Congreso para encontrar una salida a la crisis por el futuro del Banco Central. El ministro de Planificación, Julio De Vido, en primer término, y el de Economía, Amado Boudou (de manera personal o a través de delegados), serán los encargados de sentarse a discutir con el radicalismo y las fuerzas de izquierda que eventualmente acompañaron al oficialismo en algunas votaciones parlamentarias, para intentar llegar a un acuerdo que incluirá dos capítulos: la salida de Martín Redrado y la creación, aunque con condiciones, del Fondo del Bicentenario.
Si las negociaciones son exitosas, Cristina de Kirchner podría llamar para los próximos 15 días a la apertura de sesiones extraordinarias para tratar ambas cuestiones y, así, eventualmente, tener aprobados ambos temas antes de que termine este complicado enero de 2010. Inmediatamente después, tal como lo anticipó a este diario, Amado Boudou y el presidente del Banco Central que sucederá a Redrado apurarán la apertura del canje de deuda, que, para el Gobierno, es el antídoto más efectivo contra las acciones y la persecución de los fondos buitre.
Para profundizar los contactos formales, los negociadores designados esperarán un movimiento estratégico: que la Presidente comience el próximo 26 de enero su viaje por China. De Vido, Boudou y los titulares de los bloques oficialistas en el Congreso, Agustín Rossi en Diputados y Miguel Pichetto en el Senado, definirán las acciones con los delegados radicales para la ocasión. Se especula incluso con que para el martes, el diputado radical y titular del bloque Oscar Aguad tenga el primer contacto formal con el oficialismo. El primer paso para este acercamiento lo dio, en realidad, este legislador junto con Ricardo Alfonsín, quienes declararon en las últimas horas que su partido estaba dispuesto a facilitar la salida de Redrado y un acuerdo legislativo con el Gobierno por el tema del Central.
Para la misma fecha comenzarán también los contactos con los legisladores de izquierda de Encuentro Popular y Social que habitualmente acompañan al Gobierno, comenzando por los diputados Martín Sabbatella, Victoria Donda, Ariel Basteiro, Eduardo Macaluse y Cristian Ritondo. En total, este bloque podría aportar unos 12 votos.
El acuerdo que se negociará parte de un primer paso irreductible: que Redrado deje de ser el presidente del Central. El radicalismo avalará la posición, pero exigirá que antes se le permita su derecho a defenderse en el Senado, algo que el Gobierno finalmente aceptaría. Luego Cristina de Kirchner firmaría su destitución.
El segundo paso de las negociaciones será la creación y puesta en marcha del Fondo del Bicentenario. La UCR ya aclaró, y el Gobierno ahora estaría dispuesto a discutirlo, que algunos capítulos del proyecto deberían se analizados con más detenimiento. Se trata de la definición de excedente de las reservas en el Central, un seguimiento para la aplicación de los fondos, un mayor control para el posible superávit fiscal excedente por encima de lo presupuestado y mayores definiciones sobre cómo se aplicarán las medidas de protección contra la acción de los fondos buitre.
De aceptar esta instancia negociadora, el Gobierno daría lugar no sólo a un reclamo de sus aliados legislativos de izquierda, sino que también aceptaría la recomendación que desde la Corte Suprema se les envió por diferentes medios a los Kirchner. Tal como afirmó ayer este diario, al menos dos integrantes del tribunal (Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni) deslizaron extraoficialmente al Gobierno que los fallos de la Justicia sobre la cuestión de Redrado y el uso de reservas del Central para el pago de la deuda no tendrían resoluciones de fondo y obligarían al Gobierno a la salida legislativa y a la negociación con la oposición. Es la doctrina impuesta en el máximo tribunal por los jueces Carlos Fayt y Enrique Petracchi, enemigos jurisprudenciales de aceptar una politización de la Justicia y de los temas de la Corte.
También Mario Blejer, el hombre designado por los Kirchner para suceder a Redrado, exigía un acuerdo político legislativo para asumir en el cargo y llevar adelante la creación del Fondo del Bicentenario.
Obviamente, todo este panorama tiene una sola salvedad para que pueda cumplirse: una vez que las negociaciones estén terminadas, y que el contenido de las dos leyes esté redactado, todo deberá pasar por Olivos y por el visto bueno del hombre fuerte del lugar. Néstor Kirchner por ahora avala las negociaciones que comenzarán este fin de semana, pero se guarda el poder de veto. Algunos comparan esta nueva iniciativa con aquella que en su momento el propio De Vido y el titular de la CGT, Hugo Moyano, habían efectuado con la Mesa de Enlace en medio de la crisis del campo por la Resolución 125. En febrero de 2008, ambos enviados habían acordado una solución al conflicto y sólo necesitaban el visto bueno de Olivos. El ex presidente, sin embargo, decidió bombardear el acuerdo y continuar con el conflicto siguiendo su buena estrella. Finalmente, su instinto falló por primera vez, y el kirchnerismo sufrió su primera derrota en el Congreso. La situación ahora es diferente. Muchos integrantes del gabinete nacional, legisladores del Frente para la Victoria y aliados políticos y sindicales de los K creen que es el momento de acelerar el acuerdo político para salvar la situación del Central, terminar con este conflicto y encarar con mayor tranquilidad 2010. «Néstor tiene que saber que hoy nadie quiere una 126», reflexionaba ayer ante este diario una alta fuente del gabinete nacional, esperanzada en que el conflicto en febrero sea historia. (ÁMBITO WEB)