El Ministerio de Economía rechazó el pedido sobre el impuesto al cheque planteado por Santa Fe
La subsecretaria de Relaciones con las Provincias y el subsecretario Legal del Ministerio de Economía rechazaron el planteo de inconstitucionalidad formulado por Santa Fe, sobre la detracción de 15% de los recursos coparticipables con destino a la seguridad social. Fue en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema.
Los funcionarios del Palacio de Hacienda representaron al ministro Amado Boudou en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que el gobernador Hermes Binner defendió la posición provincial.
El acto tuvo lugar en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia.
"La ANSES está llegando a una situación de equilibrio y atender la demanda de Santa Fe significaría restar recursos para la atención de un millón de jubilados", dijo Fracarolli.
Diez advirtió a su vez que "se podría llegar a una situación de default del sistema previsional, ya que se sumarían otros reclamos, como el que ya está planteado por San Luis, y entonces habría que discutir cómo financiar la seguridad social".
El gobernador Binner solicitó que se declare "ilegítima" la quita del 15% para la ANSES desde 2006 (a través de la ley 26.078), ya que la provincia no adhirió a la prórroga de la norma que la estableció desde 1992, en el marco de llamado "Pacto fiscal I".
Pidió además que se ordene la restitución de la mitad de los fondos detraídos por ese concepto, y que el año pasado llegaron a 2.100 millones de pesos.
"El problema de fondo es la inconsistencia del sistema federal y la centralización presupuestaria, cercana al 75%, lejos del mítico 50% y aún de la ley que fijaba 35% para las provincias", sostuvo el mandatario santafesino.
Binner señaló que la Nación "se desprende de obligaciones" y mantiene una "alta presión tributaria", lo que deja poco espacio para el cobro de impuestos provinciales.
Indicó luego que "se fijan subas salariales que no se pueden pagar en el interior", en referencia al 23,5% de incremento dispuesto para el sector docente.
"Somos una provincia rica y pobre a la vez, ya que vemos una creciente producción, pero a la vez tenemos 160 mil jóvenes que no trabajan y estudian y elevados niveles de pobreza", agregó.
Señaló después que "en 1992 había una situación de colapso, pero el perfil del sistema previsonal cambió sustancialmente con la absorción de los fondos que hasta 2008 manejaban las AFJP, y recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones".
Sostuvo además que "no pretendemos desfinanciar a la Nación ni judicializar una cuestión política, sino que la Corte Suprema resuelva un conflicto judicial".
El fiscal de Estado santafesino, Jorge Barraguirre, dijo a su vez que la prórroga establecida en 2005 "mutó la naturaleza jurídica de la ley convenio hasta entonces vigente".
Argumentó asimismo que "la imposición o distribución de tributos debe establecerse a través de un acuerdo entre la Nación y las provincias, ya que hay un derecho intrafederal que es la coparticipación federal, establecida en forma consensual".
Fracarolli, por su parte, consideró que la detracción cuestionada equivale a recursos con asignación específica y recordó que su extensión fue aprobada por el Congreso nacional.
Agregó que "el Presupuesto nacional contempló para 2010 un superávit de más de 15 mil millones de pesos para la ANSES", pero aclaró que "hoy se está llegando a una situación de equilibrio por la incorporación de la Asignación Universal por Hijo y la mayor cantidad de beneficios jubilatorios".
El subsecretario Diez, en tanto, evaluó la demanda de Santa Fe como "un caso más de judicialización de la política", que implica "una devaluación de los demás poderes del Estado".
Las partes respondieron los requerimientos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco; y los ministros Juan Maqueda y Carmen Argibay.