El lavado de dinero, un delito sin condenas

Victoria Henao Vallejo, la viuda del más famoso narcotraficante de la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, fue detenida en la Argentina en noviembre de 1999, cuatro años después de su llegada al país. Según el fiscal que elevó la causa a juicio, llevaba gastados más de 2 millones de dólares provenientes del negocio de la droga. En noviembre de 2005, ante la falta de acusación del fiscal del tribunal oral que la juzgaba, fue declarada inocente.

No es un caso aislado: más de siete años y medio después de la sanción de la ley de lavado de dinero, en abril de 2000, no hay condenas judiciales por ese delito. Ninguna. La causa que más avances mostraba, en la que se investigaba el lavado de activos de una inmensa operación de narcotráfico conocida como Viñas Blancas, se cerró hace tres semanas. Hubo condenas para los traficantes, pero se absolvió a los tres supuestos lavadores, los joyeros Orentrajch, que habían pasado casi dos años en prisión.

Los especialistas destacan, además, que sólo hay dos condenas dictadas por la ley anterior, que rigió durante once años y que sólo penaba el blanqueo de activos provenientes del narcotráfico.

¿Es que en la Argentina no se lava dinero? No hay datos oficiales sobre el tema, pero ésa no parece ser la explicación: a comienzos de 2001, un informe del Senado de los Estados Unidos advirtió sobre hechos graves en el país. Desde octubre de 2002, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo creado por la ley para detectar este tipo de operaciones, remitió a la Justicia 202 de los 2851 reportes de operación sospechosa (ROS) elaborados por los sujetos obligados (bancos, financieras, sociedades de bolsa y otros).

Más allá de los cuestionamientos que pesan sobre la UIF -reformada por el Gobierno en diciembre pasado, luego de un año de parálisis-, por lo menos 20 de esas remisiones dieron origen a causas penales. A eso hay que sumar un puñado de expedientes que se abrió sin pasar por la UIF ni por la fiscalía especial, que dirige Raúl Pleé.

¿Entonces? Las fallas parecen estar tanto en el sistema preventivo como en el represivo. Jueces y fiscales destacan los defectos de la ley y el retaceo de información desde otros países. Los especialistas independientes apuntan a la ineficacia de la UIF y la falta de capacitación y recursos de jueces y fiscales.

Desde el Ministerio de Justicia reconocen que los resultados judiciales no son buenos, pero destacan que durante los últimos tres años se dieron pasos trascendentes en la materia, que hicieron que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero, aprobara la evaluación sobre la Argentina.

"El éxito no está dado por una gran cantidad de condenas, sino por un efectivo sistema de prevención, para lo que hace falta el trabajo de los tres poderes del Estado. En ese sentido, la Argentina ha dado pasos que la colocaron en una posición de liderazgo en el Gafisud [la versión regional del GAFI]", dijo a LA NACION Juan Félix Marteau, el representante ante ambos organismos internacionales.

Una norma ineficaz

La última de las medidas que tomó el Gobierno fue un decreto presidencial, del 11 de septiembre, que estableció una agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con un plazo de dos años. El primer objetivo es la reforma del régimen penal.

Para Francisco D Albora (h.), de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con la actual legislación "es sumamente complejo que, respetando las garantías, se pueda llegar a una sentencia condenatoria".

Todos los consultados por LA NACION coincidieron en que uno de los principales inconvenientes es que la ley no define el lavado de dinero como un delito autónomo, sino como una forma de encubrimiento. La dificultad consiste en que para llegar a una condena por lavado de dinero hay que, por un lado, haber comprobado, al menos en forma semiplena, la existencia de un delito previo, y por otro, concluir que las personas investigadas por lavado no participaron del hecho anterior.

"El caso más clásico es el de la viuda de Escobar Gaviria. El fiscal no la pudo acusar porque no tenía individualizado un hecho concreto de narcotráfico", explicó a LA NACION el camarista Gabriel Cavallo, que procesó a Henao Vallejo cuando era juez. El magistrado dijo que el hecho de mandar exhortos al exterior y lograr una respuesta clara y completa es muy difícil. El juez Rodolfo Canicoba Corral, que tuvo a su cargo una investigación por lavado de dinero del Cartel de Juárez, compartió que "no ha funcionado bien la ley ni el sistema creado para detectar qué dinero es considerado lavado".

Para Alicia López, ex directora de la UIF, además de un cambio de normativa "hace falta una verdadera política nacional que refuerce la prevención". Según Pedro Biscay, del Centro de Prevención e Investigación de la Criminalidad Económica, "la agenda nacional no tiene metas claras que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos para 2009".

El problema está planteado y los números, a la vista. En el Ministerio de Justicia esperan que en dos años el escenario sea otro. (LA NACIÓN)