Estiman en $8.000 M el costo fiscal del fallo previsional

"Ese Índice salarial en el periodo 2002/06 aumentó un 88,6%. Por lo tanto, los aumentos juratorios deberían incrementarse en esa suma menos los aumentos que haya percibido en ese periodo", sostiene un estudio especial de Econométrica, la consultora que preside el ex secretario de Hacienda, Mario Brodersohn.

Además, de acuerdo con el fallo de marras por la mora el beneficiario deberá ser compensado con un interés equivalente a la tasa de interés pasiva del Banco de la Nación.

Si bien destaca el experto que la resolución no es vinculante, considera que el Gobierno deberá legislar en esa dirección para evitar una "masiva avalancha de causas judiciales".

Según el estudio, sobre un total de 3,27 millones de jubilados en diciembre de 2002, con un rango de haber desde $150 hasta más de $3.888, menos de la mitad recibió aumentos superiores al índice salarial, como consecuencia de la política oficial de elevar los niveles mínimos. El resto, por el contrario, tuvo mejora de sus ingresos entre 78% en las escalas de $220 a 308, hasta un paupérrimo 11% en las franja mayores.

Dos salidas posibles para el Gobierno

Frente a esta realidad, sostiene Brodersohn "el Gobierno tiene dos opciones:

 Sancionar una ley que tome en cuenta la decisión de la Corte Suprema y pagar la deuda por retroactividad con títulos públicos. El presupuesto del 2008 debería incluir, en este caso, un aumento del gasto por $8.000 millones.

 El Gobierno preocupado por el costo fiscal de la decisión de la Corte Suprema entiende que esa decisión sólo es aplicable a Badaro. Por lo tanto, los jubilados que se consideren afectados tendrán que iniciar juicio al Gobierno.

De esta forma, el Gobierno lograría demorar en el tiempo el costo fiscal del fallo de la Corte Suprema. Si bien este es el camino de menor costo fiscal en el corto plazo para el Gobierno es el más costoso para los jubilados.

Seria un negocio económico sólo para los estudios jurídicos que lleven adelante el juicio contra el ANSES, que con el fallo de la Corte tendría la certeza de un fallo judicial positivo.

A la caza de un negocio redondo

Al respecto, estima el que especialista que en el caso de optarse por la segunda opción "quedarían al margen los jubilados que por ignorancia o por temor deciden no iniciar juicio al Gobierno. Sin embargo, no es de descartar un esfuerzo masivo de los estudios jurídicos para involucrar a la mayor cantidad de jubilados.

Y recuerda que dada la “proyección de la presente decisión sobre la numerosa cantidad de pleitos en los que se debaten controversias similares la Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional”.

Pero, si pese a esa recomendación el Gobierno optara por la segunda opción, concluye el informe de Econométrica "estaría invitando a que los estudios jurídicos estimulen juicios al ANSES, porque el monto de retroactividad es de $15.500 M, monto sobre los que se deciden los honorarios de los estudios jurídicos". (INFORME)