Gobierno bonaerense intima a prepagas a eliminar "cláusulas abusivas"

En un intento por borrar la "letra chica" en los contratos de las prepagas, el Gobierno bonaerense intimó a 29 empresas de medicina a modificar las cláusulas que -a criterio de los técnicos de la Dirección de Comercio- vulneran la Ley de Defensa del Consumidor.

En la mayoría de los casos se trata de artículos que obligan a los asociados a pagar adicionales cuando cumplen 65 o 70 años, y las que excluyen de la cobertura a las enfermedades preexistentes (conocidas o no) por el afiliado.

De acuerdo con la resolución del Ministerio de la Producción, las compañías tienen 15 días para "modificar o eliminar" estas exigencias.

Están involucradas firmas reconocidas, con sede en Capital, y asociaciones que prestan servicios en Mar del Plata, Lomas de Zamora, San Isidro y La Plata, entre otras ciudades. Son prestadoras vinculadas con hospitales y clínicas privadas que cuentan con planes de medicina propios. Todas fueron denunciadas por usuarios al Departamento de Orientación al Consumidor (0800-222-9042).

En el primer semestre de 2007 hubo 303 reclamos contra las prepagas. Estas protestas representan el 2,75% de los casi 12.000 llamados que se hicieron a los centros de atención a los usuarios. Como siempre, el ranking está encabezado por problemas con teléfonos celulares y fijos, venta de electrodomésticos y contratación de créditos. A partir de estas intervenciones, las autoridades bonaerenses iniciaron 50 actuaciones administrativas.

Los abogados del gobierno reclamaron a las prepagas con servicios en la provincia que presentaran ante el organismo de control los contratos de adhesión, reglamentos y toda la documentación que se entrega a los usuarios al afiliarse. Del total de entidades cuestionadas, 36 presentaron las carpetas y en 29 se detectaron cláusulas abusivas.

En el caso del aumento en la tarifa por edad, los técnicos evaluaron que "las empresas trasladan en forma injustificada sus costos y el riesgo empresario a los afiliados". También detectaron que exigen a los asociados hacerse cargo de los estudios para establecer la existencia de enfermedades previas a la contratación. Otras daban de baja el servicio en forma unilateral. Y esas reglas estaban escritas en los contratos.

Producción también actuó de oficio sobre algunas compañías que operan en el mercado. "Buscamos ampliar el acceso a la información sobre sus derechos a los consumidores. Pretendemos una adecuación de los contratos para disminuir su condición de vulnerabilidad en la relación de consumo", explicó la ministra Débora Giorgi.

Esta actividad comercial está desregulada. No existe un registro que concentre el listado de prestadores, y tanto los contratos como el precio se rigen por convenio entre privados. En la Provincia hay planes desde $ 200 (individuales) hasta $ 3.000 (familiares, con alta complejidad).

Las firmas deberán modificar además los artículos que las habilitan a rechazar a un cambio de plan sin explicación que lo justifique. "Implica una renuncia de los derechos del afiliado y una ampliación injustificada de los de la prepaga", aclaró Giorgi.

Ahora, las prepagas intimadas tendrán dos opciones: modificar los contratos o recurrir a la Justicia. No obstante, la Dirección de Comercio está facultada para aplicar multas de entre 500 y 500.000 pesos a las infractoras. (Clarín)