Gobierno inicia "desalojo" de GCO y Ausol, y rescindirá concesiones

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas envió notificaciones a las concesionarias del Acceso Norte (autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste) respecto de los resultados de la auditoría que analizó la prórroga de las concesiones realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri hasta el 2030.

Los Acuerdos Integrales de Renegociación para los principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires que fueron refrendadas por decreto en 2018 y que resultaron en una investigación penal con eje en el exministro de Transporte Guillermo Dietrich arrojaron múltiples irregularidades y dieron pie para que el Poder Ejecutivo cuente con una prueba documental que permita avanzar en la rescisión de las concesiones. De hecho, ambas empresas -que fueron socias de la exfamilia presidencial- comunicaron la novedad a la Comisión Nacional de Valores. Y tienen listos, tras bambalinas, sendos juicios al Estado para resistir cualquier intento de ser “desalojadas”.

Los documentos y conclusiones finales de la auditoría, así como los movimientos que generaron tanto en el Gobierno como en las empresas fueron reveladas por el programa “Brotes Verdes” del canal C5N. Allí se había iniciado el caso “Autopistas del Curro” que detectó que Dietrich había celebrado y coordinado la prórroga de las concesiones para ambas autopistas hasta 2030 sin licitación, en una negociación que llevó adelante Javier Iguacel por Vialidad Nacional, donde intermediaron por el Estado los mismos abogados que habían asesorado antes a las empresas. Y que tenía como trasfondo el “reconocimiento” de una deuda por parte del Estado que no contaba con apoyo documental que le permitiera ganar la presentación que habían hecho los privados ante el CIADI.

La auditoría fue implacable en sus conclusiones: el contrato con el que Dietrich benefició a Ausol y a GCO le aseguraba teóricamente un recupero de la deuda en dólares más el 8%. Sin embargo, los peajes obviamente se perciben en pesos, con lo que el monto real de la deuda reconocida continúa incrementándose.

El monto real que le garantizó Dietrich a ambas empresas, cuyo capital accionario estuvo asociado a SOCMA de la familia Macri fue de u$s1.161 millones, compuestos de capital más intereses capitalizables. Pero como además se dejó asentado que ese monto sea “libre de impuestos”, el Estado sacrificó el cobro de tributos en concepto de Impuesto a las Ganancias por otros u$s619.444.523 -algo que fue declarado por las propias concesionarias-. Esto, eleva el importe final reconocido como deuda a Ausol y GCO en u$s1.780 millones, una cifra superior a la que se pensaba en un comienzo.

Pero la auditoría también detectó otra serie de irregularidades de igual gravedad: la tarifa del “peaje”se terminó “dolarizando” -algo que estaría vedado luego de la prohibición de indexación que se estableció, entre otras premisas, en el fallo CEPIS, de la Corte Suprema-, pero de todas maneras, se fijó el parámetro del dólar contado con liquidación (CCL) si existiesen restricciones cambiarias o “Cepo”. Este contrato así establecido obligaría a subas en los peajes de acceso a la Capital Federal mucho mayores a las originalmente reclamadas (276% para el 2020 en Panamericana y 303% para el Acceso Oeste). Pero, a su vez, permitía que las concesionarias dejaran de estar obligadas a al mantenimiento de las autopistas si no cobraban la deuda que les había reconocido la gestión de Macri. Además, en otro de los puntos, señala que la renegociación que encabezó Dietrich e Iguacel elimina de la ecuación el riesgo empresario ya que el Estado se obligaba a cubrir el costo del peaje si las empresas no lo hacían, y terminaban siendo compensadas.

La semana pasada, se enviaron a Ausol y a GCO las notificaciones correspondientes para que tomen vista y en un plazo de 7 días envíen su respuesta. Pero a la CNV ya le advirtieron al Estado en el último párrafo que consideran “improcedente” lo que se señala en el análisis. El Gobierno confía que cuenta con bases firmes para iniciar el proceso de desalojo y terminar en la rescisión de los contratos, algo que disparará juicios contra el Estado, si logra que, de forma temporaria, sea Corredores Viales la que administre los accesos más importantes hasta tanto se licite nuevamente el servicio.

El Gobierno ya contaba con elementos en junio pasado pero decidieron aguardar para dar el primer paso. En su cariz político, esto explicaría la visita relámpago del presidente Pedro Sánchez desde España y el reclamo al Gobierno argentino para que demorara lo que sería interpretado como un fuerte golpe a intereses empresarios de ese país que habían obtenido la gloria con Macri.

Fuente: Ámbito.com