Gobierno provincial ahora persigue a evasores mediante el satélite

Una escuadra de inspectores de Rentas rastrilla los bosques de Cariló en busca de viviendas lujosas no declaradas. Pero en lugar de llevar carpetas bajo el brazo, van armados con computadoras portátiles.

Además, el recorrido no es elegido al azar, sino que son guiados en tiempo real desde un centro de datos ubicado en la ciudad de La Plata. Van detrás de la información captada previamente a través de un monitoreo satelital.

Esta escena puede parecer parte de una película futurista. Pero se trata de un flamante sistema de control de la evasión que puso en marcha la provincia de Buenos Aires. Y fue presentado ayer por el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya.

Consiste en la aplicación de recursos tecnológicos de última generación con fines recaudatorios. Combina el uso del popular programa Google Earth (que permite obtener imágenes satelitales de gran precisión de la superficie terrestre) con los recursos del GPS (sigla en inglés de Sistema de Posicionamiento Global).

Con el primer programa, Rentas verifica en qué estado están algunos terrenos que en la Dirección de Catastro figuran sin edificar. Y al contrastar con la imagen actual descubren que hay construcciones sin declarar. Se trata de los "baldíos con timbre", como los bautizó Montoya.

Después, cuando los inspectores salen al terreno son guiados a través del GPS hasta la edificación bajo sospecha. Una vez allí, verifican de qué calidad es, para qué se la utiliza y desde cuando está sin declarar, entre otros aspectos. En base a eso hacen el cálculo de valuación y del impuesto impago. Hasta pueden ingresar a la base de datos central para verificar la información disponible sobre el dueño de la propiedad. E imprimir una intimación de regularización.

El operativo en la zona más exclusiva de la costa bonaerense comenzó hace sólo dos días. "Según la información que tenemos disponible, en menos de un año, en la zona de Cariló, Pinamar, Ostende y Valeria del Mar, aparecieron 1.401 inmuebles en infracción, que representan una superficie de 502 mil metros cuadrados, por una valuación fiscal cercana a los 400 millones de pesos", explicó Montoya.

A primera vista, el funcionario estimó que el impuesto inmobiliario a cobrar por esas propiedades rondaría los 5 millones de pesos anuales. Pero advirtió: "También hay que tener en cuenta que a veces encontramos que las edificaciones son comerciales, como hoteles y supermercados, y en esos casos se suelen comprobar deudas por Ingresos Brutos".

La medida forma parte de la ofensiva fiscal que impulsa Montoya en el distrito. "Con esto queremos que los evasores sepan que vamos a llevar el riesgo a todos los rincones de la provincia", advirtió. Por lo pronto, ya prepara su nueva artillería tecnológica para "rastrillar" otros dos objetivos: Almirante Brown y el Partido de la Costa. La prioridad, asegura, son las zonas de mayor poder adquisitivo. Y recuerda que tiene a los countries bajo la mira. (CLARÍN)