AUMENTA CONTROL DE INVERSORES
La AFIP vigilará a los fideicomisos
El Gobierno buscará reducir la evasión fiscal y desacelerar el aumento en el nivel de consumo a través de medidas que apuntan a un mayor control impositivo de los fideicomisos.
Por un lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prepara un régimen informativo para que los fideicomisos, una de las herramientas más importantes de los últimos años por la que se canalizó la inversión pública y privada, tengan que inscribirse ante el fisco.
Con estos datos, el organismo que conduce Alberto Abad pretende tener en su base de datos la información de los inversores (o fiduciantes), para establecer si están cumpliendo o no con el pago del impuesto a las ganancias.
De esta manera, se imitaría el régimen informativo establecido para controlar el sector de compra-venta de inmuebles, por el cual se obligó a las inmobiliarias a empadronarse. El segundo paso en ese sendero consistirá, a partir de 2008, en que los vendedores de una propiedad informen el monto por el cual pretenden transferirla para que luego no la escrituren a un valor menor.
En el caso de los fideicomisos, una fuente de la AFIP dijo a LA NACION que "hay demasiada gente utilizando este instrumento para eludir el pago de ganancias, y eso debe terminar".
De todos modos, según especialistas del sector privado la AFIP podría sin ninguna normativa adicional controlar si los inversores que participan de fideicomisos pagan o no ganancias, con sólo pedirles la lista a los que arman cada uno de estos fondos. "La idea es que sean ellos los que vengan acá", retrucó la fuente oficial.
Una exención menos
La otra herramienta en estudio, más compleja, tiene que ver con el tratamiento tributario de los fideicomisos financieros que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
En ese sentido, el nuevo equipo económico, que conduce Martín Lousteau y que asumirá hoy, cree que hay que gravar con el impuesto a las ganancias -como ocurre con los títulos de deuda- los certificados de participación en estos fideicomisos, que le otorgan a su tenedor los derechos sobre los ingresos generados por la inversión.
Al respecto, la Comisión Nacional de Valores dictó una resolución para obligar a que los certificados de participación se ofrezcan al público en general (y no sólo a los inversores calificados) y que cuenten con una calificación de riesgo.
Al anunciar esta normativa, el organismo que conduce Eduardo Hecker informó que “se han puesto en conocimiento de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de la AFIP los antecedentes surgidos a raíz de que algunos fiduciantes, que a su vez son tenedores de certificados de participación, podrían estar utilizando este vehículo como vía para una posible elusión de impuestos”.
El Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano indicó en un informe conocido el último viernes que el stock de fideicomisos financieros en octubre “marcó un récord absoluto”, con un volumen de $ 13.170 millones, que superó en un 33,1% el monto del mismo mes del año pasado. “La mayor parte del financiamiento a través de este mecanismo estuvo destinada a tarjetas de crédito y a créditos para el consumo”, precisó el estudio.
Justamente las grandes cadenas de consumo están entre los principales beneficiarios de esta exención impositiva. Francisco María Pertierra Cánepa, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (Cafidap), dijo a LA NACION que es “lógico” que se grave a estos sectores exentos por el beneficio excesivo que logran en términos financieros.
Efecto en el consumo
De todos modos, admitió que “políticamente va a ser muy difícil” gravar este sector, “porque se pisaría el consumo”, algo que parece poco deseable para el pensamiento político del kirchnerismo. El especialista advirtió que lo que debe evitar el Gobierno es “afectar el instrumento como tal y al consumidor del mismo”.
Además, anunció que la Cámara lanzará en 2008 un registro voluntario de fideicomisos ordinarios sin oferta pública para que “haya más transparencia y legalidad” en esta industria financiera cada vez más próspera. (LA NACIÓN)
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