La Cámara de Diputados debate poner límites al trabajo en los fines de semana
En la actualidad más de un millón de empleados de Comercio se de-sempeñan bajo la modalidad de compensación por las horas extra trabajadas o, en muchos casos, sin retribución alguna. Para contrarrestar este marco, un proyecto que estudia Diputados y que tuvo un contundente respaldo en el Senado, impulsado por los justicialistas María de los Ángeles Higonet y Carlos Verna, busca exigir “la remuneración de las horas extra de todos los trabajadores, tanto de los que están encuadrados bajo un sindicato como de aquellos que no lo están”. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas de reforma a la Ley de Contrato de Trabajo, que busca desactivar los efectos de la flexibilización laboral de la década del ’90.
Consultado por Buenos Aires Económico, el titular de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja, Héctor Recalde, explicó que la propuesta será muy bien recibida dado que se trata de un proyecto que busca la mejora de las condiciones laborales. El abogado de la CGT destacó la aceptación que tuvo en la Cámara alta al ponderar que “se trata de un muy buen antecedente, dado que las medidas que mejoran la situación de los trabajadores y protegen sus derechos, deberían ser apoyadas”.
Lo cierto es que la medida legislativa introduce un cambio significativo que se encuadra bajo un criterio “protectivo familiar”: se busca, mediante la obligación establecida del pago de las horas extra al 100% a partir de las 13 del sábado y hasta las 24 del domingo, limitar el desempeño de empleados los fines de semana a fin de que puedan contar con el llamado día de descanso y fortalecer así el vínculo familiar.
“En este momento los convenios colectivos buscan que sus trabajadores sean compensados, pero para quienes no están encuadrados, la ley básica de derecho de trabajo prevé que el trabajador que se desempeña después de las 13 del sábado debe intimar al empleador para generar un mecanismo donde se le reconozcan las horas extra al 100% y se le genere, asimismo, un franco compensatorio. Entonces, uno de los ejes de este plan es evitar que el trabajador deba llegar a la instancia de intimar al empleador y unificar a aquellos que tengan convenio colectivo y quienes no”, explica a este diario el grupo de asesores que participó en la elaboración del proyecto.
La muestra de consenso político lograda en el Senado da cuenta de que la Argentina viene recorriendo un camino en la búsqueda de fortalecer las garantías y los derechos de la fuerza laboral. “A pesar de que somos conscientes de que hay actividades que tienen que desarrollarse los fines de semana, se buscó lograr un equilibrio mediante para que las labores realizadas después de determinado rango horario deban ser remuneradas como lo marca la ley, más un franco compensatorio que no puede ser dilatado en el tiempo”, explica el senador radical Alfredo Martínez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
ALCANCES DEL PROYECTO. Actualmente rige en el país la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el pago de horas extra al 100% cuando se trabaja los días sábados después de las 13, domingos y feriados. Sumado a esto, se establece un franco compensatorio. Luego del decreto de desregulación económica alcanzado en 1991, esta modalidad restrictiva de horarios dejó de ser aplicada en determinadas ramas comerciales como los servicios de venta, expedición, administración, entre otros. Así, según lo explica Martínez, “en muchos convenios colectivos no se aplicaba la obligatoriedad de las horas extra y se reemplazaba por la compensación”.
Frente a este escenario marcado por la flexibilización laboral, el proyecto no sólo busca volver a la retribución monetaria obligatoria de las horas extra, sino que defiende la necesidad de equilibrar la condición de los trabajadores y promover una mayor aceptación del llamado día de descanso. El proyecto –que cuenta con el apoyo del oficialismo– prevé asimismo una modificación y acota, según explica a Buenos Aires Económico Martínez, las excepciones, previendo sólo casos de fuerza mayor, o peligros de accidentes, entre otros.
Para quienes violen la normativa laboral se aplicará un régimen sancionatorio que prevé multas de hasta $1.000 por trabajador, según lo estipulado en el Pacto Federal de Empleo. Asimismo, se estipula que en caso de que los empleadores no cumplan con la debida asignación del día de descanso compensatorio, el trabajador deberá comunicarlo formalmente y la empresa se verá obligada a abonar el salario habitual, con un 100% de recargo.
En lo que refiere a la asignación de francos, de aprobarse este nuevo proyecto, los mismos deberán ser otorgados dentro de la semana siguiente, y no cuando la empresa considere necesaria la asignación.
REACCIÓN EMPRESARIA. Las quejas de las cámaras empresarias no tardaron en llegar, dado que desde el sector privado consideran que los costos laborales se incrementarían considerablemente de convertirse esta idea en ley, por lo que ya resuenan las primeras voces de alarma que hablan de una posible desinversión en el sector privado.
“Consultamos con el sector privado porque siempre estamos dispuestos a escucharlos, pero las decisiones las tomamos los senadores y no aceptamos presiones de ningún tipo, sólo sugerencias”, sostiene Martínez en referencia al clima de disconformidad del ámbito empresarial generado en torno al tratamiento del proyecto.
Si bien desde la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios se mostraron a favor del reconocimiento del descanso del trabajador, consideraron que “sin dudas, los costos laborales crecerán, pero además se debe tener en cuenta que los supermercados pymes argentinos tienen que competir con otros comercios que no siempre cumplen debidamente con las leyes laborales, porque pagan salarios en negro o porque se presentan como empresas familiares disimuladas”. Asimismo, sostienen que esta situación traerá aparejada como consecuencia que “aquellos que se mantienen al margen de las leyes laborales no se verán perjudicados sino beneficiados, ya que su competencia afrontará mayores costos que ellos no abonarán. Esto, en definitiva, termina perjudicando a aquellas empresas que sí lo deben hacer, por tener todos sus papeles en regla”.
En este marco, Vicente Lourenzo, representante de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), comenta que el hecho de que los hipermercados y los shoppings permanezcan abiertos los sábados y domingos “llevó a que aquel que quisiera competir por una cuestión de subsistencia, como es el caso del comerciante, para no perder toda su clientela, se ve obligado a abrir él mismo los fines de semana”. Frente a esto, desde CAME se manifiestan a favor de la propuesta, aunque intentan instalar su posición de un cierre obligatorio los domingo, “no por una cuestión económica sino también para mantener el concepto de unión familiar”. Por su parte, desde el Sindicato de Empleados de Comercio se mostraron conformes con la iniciativa pero llamativamente prefirieron no hacer referencia al tema.
La legislación y la Justicia argentina avanzan sin dudas hacia un camino que priva por una mayor protección de la clase trabajadora, y que busca continuamente equilibrar la balanza, dando mayores y mejores condiciones de resguardo a los empleados, y generando controles cada vez más estrictos sobre el sector privado para que se cumpla, sin excepciones, con lo que marca la legislación laboral.
(El Argentino)