La UIA sale al cruce del proyecto sobre los tickets canasta

La Cámara de Diputados discutirá y el oficialismo prevé aprobar un proyecto de ley que incorpora gradualmente los pagos con tickets alimentarios al salario. Se haría en 20 meses y en tramos de un 10% cada bimestre. Es el proyecto de Héctor Recalde, kirchnerista y abogado del líder de la CGT, Hugo Moyano.

Recalde denunció que las empresas de vales alimentarios quisieron sobornarlo para cajonear justamente la iniciativa que se aprobaría hoy.

Ayer, la Unión Industrial difundió un comunicado de prensa en el que defendió el pago de los sueldos con tickets. Si bien se enmarcó en la preocupación del sector por el paquete laboral, cuando este sector "generó 366.000 puestos de trabajo desde la recuperación", lo cierto es que rechazó el proyecto de ley de tickets.

La central fabril manifestó su preocupación por "el inexplicable e inadmisible cúmulo de iniciativas que están en tratamiento legislativo, entre los cuales se destacan la eliminación de los vales alimentarios, cuya legalidad hoy es indiscutible".

También el titular de la Cámara de Comercio Carlos de la Vega, criticó el proyecto, aunque defendió la denuncia de Recalde. "Las cargas sociales son altísimas y con este sistema de tickets se atenúan", dijo.

Anoche ante la consulta de Clarín, Recalde cruzó a la UIA y la CAC. "Defienden la excesiva rentabilidad, está bien son sus opiniones pero el sistema de tickets surgió vinculado a la corrupción y no lo usan las pymes, que generan más empleo", disparó.

También ayer, la Cancillería inició el pedido de intervención de la OCDE, que cobija a los países más ricos, por estas denuncias parlamentarias.

Quieren que esa entidad interpele a los franceses de Accor, denunciada por Recalde y a Sodexho, que ayer tomó distancia de estas denuncias. La OCDE tiene un código que condena internacionalmente a las empresas que intentan o pagan sobornos.

En el Ministerio de Trabajo trascendió que estarían dispuestos a entregarle a la Justicia todas las llamadas telefónicas y audiencias del último año.

Es por la investigación judicial que el radicalismo pidió que extienda al ministro Carlos Tomada por haber sacado una resolución que beneficia, según esta postura, a las mismas empresas que Recalde dice que quisieron sobornarlo. (CLARÍN)