La UIF allanó dos joyerías de Recoleta por resistencia a cumplir con normas antilavado

Supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF) y personal de la Gendarmería Nacional realizaron hoy cuatro allanamientos que ordenó el juez federal Ariel Lijo. Fue en el contexto de las actuaciones iniciadas contra las joyerías Ricciardi y Paul Baker.

El titular de la UIF, José Sbattella, indicó que los comerciantes se "rehusaron, de manera sistemática, a suministrar la información y documentación”.

El local de Ricciardi ubicado en Alvear 1572, en el barrio porteño de Recoleta y el comercio Paul Baker, situado sobre el 1585 de la misma avenida, fueron las primeras joyerías a las que el presidente de la UIF ordenó supervisar, en el marco del régimen de controles “in situ”.

Sbattella remarcó que, “pese a pertenecer a la categoría de sujetos obligados a implementar las normas ALA/CFT y reportar al Estado operaciones sospechosas, los responsables de las joyerías impidieron en septiembre pasado el ingreso de supervisores de la UIF".

Señaló que se "rehusaron, de manera sistemática, a suministrar la información y los documentos requeridos por la Unidad para establecer si observan las medidas de debida diligencia en la identificación de clientes y respecto del origen de sus fondos”.

La UIF indicó, en un comunicado, que "las actuaciones administrativas derivaron en investigaciones penales" instruidas por Lijo, quien en las últimas horas ordenó allanar los locales de Paul Baker y Ricciardi en Recoleta, la joyería EL Lingote, situada en Maipú 1064, Rosario y el domicilio particular del joyero Juan Carlos Álvarez, vinculado a los tres establecimientos.

Sbattella precisó que en los operativos que se realizaron en los comercios “fueron secuestrados documentos en soporte papel y electrónico, así como equipamiento informático que ahora será analizado por peritos”.

Los allanamientos fueron ordenados con la finalidad de obtener los registros correspondientes a la actividad de las joyerías y “toda documentación de respaldo con la descripción de políticas y procedimientos adoptados en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”, consigna el oficio del juez Lijo.

Además, Sbattella destacó que “reiteradamente, desde las joyerías se negaron a colaborar con las inspecciones realizadas por la UIF, que además recabó, antes de dar intervención a la Justicia, constancias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de otros organismos del Estado, a los fines de determinar la situación de los comercios bajo investigación”.

“Las joyerías constituyen uno de los sectores más vulnerables a ser utilizados para los fines del lavado de activos”, explicó el funcionario, y puntualizó que “en la última década, se ha dado una creciente importancia a nivel internacional, en relación al delito de lavado, lo cual obedece al gran impacto que éste imprime a los sistemas económicos y políticos”.

Sbattella destacó la importancia de los operativos y afirmó que “el lavado de dinero tiene, en todo el mundo, directa relación con las redes delictivas dedicadas específicamente a legalizar los capitales originados en el crimen organizado, las cuales hacen esta tarea de diversas formas, siendo una de las más comunes el comercio con metales preciosos, piedras y joyas”.