La iglesia renunció a la ayuda del Estado y ya no recibirá aportes
La Conferencia Episcopal Argentina confirmó hizo oficial el cierre del proceso iniciado hace 5 años para renunciar a la asignación mensual brindada por el Estado a arzobispos y obispos de todo el país.
El monto era de $55.000 al mes para un poco más de cien prelados. El aporte que generaba polémica por implicar "un privilegio" hacia una religión por parte de un Estado no confesional había sido dispuesto en la última dictadura.
"La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, detallaron en la página oficial.
El proceso para renunciar al aporte estatal inició en mayo de 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto, en donde se pidió también la "separación" de la iglesia y el Estado.
Qué marcaba la Ley La Ley dispuesta en el artículo dos de la Constitución decía que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia. A su vez, el monto no se actualizaba hace 2 años.
Además, establecía una ayuda a párrocos de frontera, la cual fue reemplazada por ayuda social en los últimos años, y otra a algunos seminaristas diocesanos que va directo hacia su total eliminación.
La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por mayoría, donde también resaltaron que "es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general, ante los cuales hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra".
A su vez, por disposición de la secretaria de Culto, se mantendrá una asignación de $98.000 a algunos arzobispos y obispos ancianos o con invalidez que deberá tramitarse de manera particular.
Tampoco forman parte de este régimen los aportes que reciben los colegios, en función del régimen de subsidios que las distintas jurisdicciones del país asignan a la enseñanza privada.
Fuente: Diario BAE