Las empresas están obligadas a presentar sus balances de RSE

En la actualidad, el debate sobre la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se encuentra en pleno auge en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la reciente promulgación de la Ley 2.594 que fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA).

Dicho balance, conforme la ley, deberá ser elaborado anualmente por las empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en la Ciudad que cuenten con más de 300 trabajadores. Esto significa prácticamente un universo compuesto por las firmas más importantes del país.

El término RSE se encuentra asociado al concepto de sostenibilidad y resulta cada vez más familiar tanto para la comunidad empresaria como para los consumidores y clientes argentinos.

Esta tendencia se puede observar a partir de la diversidad de acciones que emprenden las grandes y medianas empresas en programas de apoyo a la comunidad, cuidado del medio ambiente y gestión responsable de RRHH.

En este sentido, el BRSA implica un paso más hacia la búsqueda de un modo exposición de la información de RSE que sea homogéneo, transparente y de fácil comprensión y comparación.

Sin embargo, lo que se presenta como una nueva forma de gestión empresarial guiada por el compromiso voluntario de las empresas con la sociedad, se puede diluir fácilmente en políticas de marketing social o mera filantropía.

En contraste, los verdaderos emprendimientos de RSE favorecen al desarrollo sustentable de la organización y se desprenden de su estrategia integral de negocios, misión y valores fundamentales.

Es decir que los programas de RSE no pueden ser ajenos a la función por naturaleza de la institución sino más bien estar muy ligados a ella.

La implementación de dichos proyectos en su forma más completa requiere por parte de la organización el desarrollo de una red de cooperación que incorpore actores de distintos ámbitos como el tercer sector, el gobierno, los medios de comunicación, entre otros.

En este sentido, el BRSA puede ser una iniciativa que profundice la competitividad y la calidad de las organizaciones. Esto se debe a que las empresas socialmente responsables tienden a ser más competitivas, más atractivas para los mejores talentos, con una productividad laboral mayor y mejor posicionamiento en el mercado.

Con esto en mente, las empresas buscan difundir sus prácticas responsables a través de los informes de sustentabilidad o balances sociales. Dichos documentos son confeccionados de acuerdo a los estándares internacionales de RSE: el AA1000 del Institute of Social and Ethical Accountability; la Guía del Global Reporting Initiative; las normas ISO 14001- SA8000; o los indicadores del Instituto Ethos (Brasil).

Estas herramientas contienen pautas de RSE a las que las compañías pueden adherir voluntariamente e implementarlas en sus organizaciones. Si bien la sanción de la Ley 2594 de Balance Social de la Ciudad refuerza la idea de que las empresas tienen un rol preponderante en la sociedad y que, por lo tanto, tienen un importante compromiso en la distribución de la riqueza que producen y los impactos sociales y ambientales que generan, vale la pena preguntarse cuáles serán los efectos en materia de RSE (y en la competencia) provocados por la obligatoriedad del “actuar responsable” para las empresas, que exige la mencionada norma.