Las exenciones impositivas ya equivalen al 20% de la recaudación
Para algunos analistas, el nuevo acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería hacer foco en lo fiscal, simplemente, porque en pleno año electoral el ministro de Economía, Sergio Massa, no tiene margen político para ensayar alguna solución en el plano cambiario.
En ese contexto, si el titular del Palacio de Hacienda tuviera que apretar más el torniquete sobre las cuentas públicas, tiene la opción de profundizar el recorte del gasto, incrementar los ingresos por impuestos o una combinación. Si se trata de recaudar más, la mirada se posa sobre sectores que por alguna razón no pagan sus impuestos de la misma manera que el resto de la comunidad. El caso más conocido es el de los jueces y el Impuesto a las Ganancias, pero hay más beneficiados, en algunos casos, por regímenes de promoción.
De acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si el Gobierno decidiera eliminar todos los gastos tributarios, tal cual es su denominación técnica, la recaudación podría incrementarse un 20% sin necesidad de tocar las alícuotas o crear nuevos tributos.
En el Presupuesto 2023 se estima que el costo para este año equivale a 2,49% del PBI. Eso implica una leve caída respecto de 2022, cuando fue del 2,67% y de 2021, cuando fue del 2,79%. El IARAF precisa que “el gasto tributario tiene dos orígenes: uno general, derivado de disposiciones contenidas en las leyes impositivas (ejemplo las exenciones) que representará en 2023 casi el 73% del total y otro particular, derivado de regímenes de promoción económica, que explicará el restante 27%”. En el caso de Ganancias, los magistrados del Poder Judicial dejan de contribuir por el equivalente al 0,16 puntos; las asociaciones y fundaciones, 0,07; y la deducción especial para trabajadores de la Patagonia, 0,04 puntos. Los regímenes de promoción vigentes aportan otro 0,24% del PBI.
El IVA, que es el tributo al consumo más extendido, tiene un gasto equivalente a 1,36% del Producto. Alícuotas reducidas de productos primarios, generan una menor recaudación de 0,3 puntos porcentuales; la exención a las prestaciones médicas, 0,21; la alícuota reducida de la construcción de viviendas, 0,19; y la exención de los servicios educativos, 0,11 puntos. Con valores entre 0,05 y 0,1 puntos porcentuales del PBI, se encuentra la exención para medicamentos de uso humano, libros, diarios y revistas y la alícuota reducida a la medicina prepaga y a los productos de panadería.
Por otro lado, están las exenciones a intereses por préstamos de bancos oficiales y para vivienda y venta de leche fluida. La alícuota reducida de carnes, frutas y legumbres, que representaba 0,36 puntos porcentuales del PBI en 2021 será de 0,3 puntos en 2023. Los regímenes de promoción aportan 0,18 puntos.
Después, con menor ponderación aparecen exenciones al comercio exterior, con 0,01 puntos; Bienes Personales, 0,02; Contribuciones a la Seguridad Social, 0,10; Internos, 0,07 y otros tipos de impuestos, 0,02 puntos.
En tanto, los impuestos que se cobran a la transferencia de combustibles generan un importante gasto tributario de 0,29 puntos del PBI, debido a la diferencia de alícuotas entre naftas y gasoil y de la exención que tiene el sur del país.
Según plantean algunos economistas, si se mantuviera el actual ritmo de gastos e ingresos, el déficit fiscal se ubicaría casi en 3% del PBI este año, mientras que el acuerdo fija una meta de 1,9% del PBI. En 2022 el desbalance fue de 2,4%, de modo que se preveía un ajuste de medio punto para este año, aunque ello no tiene en cuenta que el año pasado se usaron 0,3 puntos de rentas de la propiedad que ahora no se pueden contar. Si el FMI aceptara mantener el mismo déficit de 2022, teniendo en cuenta el desvío actual sobre las metas y que este año no se usan rentas de la propiedad, el ajuste que debería hacerse es de al menos 1 punto del PBI. No es de descartar que busque eliminar algunos de estos beneficios.
Fuente: Ambito.com