Las moratorias previsionales perjudican a los futuros jubilados

El Instituto Nacional de Desarrollo Social Argentino (IDESA) difundió ayer un informe sobre el futuro del sistema jubilatorio a partir de las últimas modificaciones en el régimen previsional.

Reproducimos a continuación el informe completo elaborado por el Instituto:

A través de las moratorias ya se distribuyeron más de 1,3 millones de prestaciones jubilatorias. La mayor parte de las erogaciones incrementales que estas prestaciones imponen se está financiando a través de la “licuación” del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios superiores al mínimo.

El reciente fallo de la Corte, que obliga a recomponer el haber de uno de los jubilados afectados, no sólo implica una censura a la legalidad de esta estrategia sino que es un llamado al replanteo de la política previsional y, especialmente, a buscar una solución genuina a los problemas generados por las moratorias indiscriminadas.

A través de las moratorias previsionales se permitió –y se sigue permitiendo– que personas que tienen la edad mínima que fija la ley, pero que no hicieron suficientes aportes durante la vida activa, accedan a un beneficio previsional.

Como no focaliza en hogares en estado de vulnerabilidad social, el esquema genera situaciones de gran inequidad. Segmentos medios y altos se apropian de los fondos previsionales, mientras que los hogares pobres enfrentan serias dificultades administrativas y financieras para acceder al beneficio.

Por otro lado, al fijar como único requisito la edad, el esquema está resultando muy masivo. Hacia junio del 2007, la cantidad de prestaciones pagadas por la ANSES había aumentando en 1,3 millones. Según el Presupuesto 2008, el año próximo se estima llegar a 1,6 millones de prestaciones adicionales.

Según esta misma fuente, el gasto previsional administrado por la ANSES será en el 2008 de $51 mil millones –equivalente a más de un tercio del gasto público nacional– distribuido de la siguiente manera:

 El 68% del gasto previsional es generado por las prestaciones de gente que hizo los aportes de acuerdo a lo que fijan las normas.

 El 6% corresponden a las prestaciones de las cajas provinciales transferidas y un 2% al gasto presupuestado para cubrir los déficits de las cajas provinciales no transferidas.

 El 24% del gasto previsional –unos $12 mil millones– es generado por las prestaciones que se distribuyeron con las moratorias.

Estos datos ponen al descubierto que las moratorias constituyen un cambio estructural muy importante sobre el sistema previsional y, en general, sobre el gasto público social.

No es exagerado señalar que su impacto será muy superior y mucho más permanente del que tuvo la instrumentación del Plan Jefes.

El rasgo más notable del cambio es que se hizo sin incorporar ajustes en el esquema de financiamiento del sistema previsional. En el corto plazo, se cuenta con el ciclo económico favorablemente que ha repercutido positivamente en los ingresos de la ANSES. También con los ingresos que generan los traspasos al régimen de reparto.

Sin embargo, en este caso se trata sólo de un paliativo de “caja” ya que los ingresos presentes son más que compensados por las deudas que significan los compromisos futuros de pago de prestaciones. De todas formas, la principal fuente de financiamiento de las moratorias es el incumplimiento de las normas vigentes.

La parte más importante del financiamiento se obtuvo “licuando” las prestaciones de quienes cobran un haber superior al mínimo. Mientras que entre el año 2001 y 2006, el aumento de precios estuvo en el orden del 100%, algunos jubilados habían recibido hasta ese momento ajustes de apenas el 22% (los que tienen haberes entre el mínimo y $1.000) y otros del 11% (los que tienen haberes de más de $1.000).

Unos 750 mil beneficiarios estarían siendo afectados por este manejo discrecional de los haberes, generando para el Estado un “ahorro” anual del orden de los $8 mil millones.

Por otro lado, también se viola consistentemente la ley 25.235 que fija la obligación del Estado nacional de financiar el déficit de las cajas provinciales no transferidas.

Si bien las cifras no tienen el orden de magnitud de la “licuación” de haberes, es un mecanismo de desfinanciamiento de las provincias que agrega otro factor de extorsión sobre los gobiernos provinciales.

Como era previsible, la Corte Suprema interpretó que la política previsional de los últimos años, además de injusta, es violatoria de la Constitución Nacional.

Nuevamente, el sostenimiento financiero del sistema previsional en base a incumplimientos de la ley termina forzando la intervención del Poder Judicial. Como lo señala el mismo fallo, promover la litigiosidad es una alternativa económica y socialmente muy costosa.

El dato positivo es que la Corte Suprema no impuso como único criterio que las jubilaciones tienen que tener una movilidad sujeta a la evolución de los salarios.

Es decir que se mantiene la responsabilidad del Poder Legislativo de dar una solución sustentable estableciendo un mecanismo de movilidad que tenga en cuenta toda la estructura de ingresos de la ANSES, la cual incluye no sólo impuestos sobre los salarios sino diferentes tipos de tributos que fueron cedidos por las provincias a la Nación.

El dato negativo es que ha quedado explicitado que será necesario mucha creatividad e idoneidad para encontrar una solución al problema que han generando las moratorias indiscriminadas.

Fuente: Informe semanal del Instituto de Desarrollo Social Argentino.