Los ejes del megaproyecto de ley que apunta a una delegación de facultades y a reforma amplia
Javier Milei envió al Congreso un proyecto de “ley ómnibus” que se propone avanzar en la reforma del Estado pero que alcanza múltiples aristas lo que lo convierte en el más ambicioso proyecto por la amplitud de materias abarcadas a lo largo de las 350 carillas como por el impacto en cuestiones políticas, económicas, previsionales, sociales, judiciales, tributarias, de seguridad, defensa, sanitaria y de organización electoral. Pero incluyen cuestiones ambientales, vinculares y hasta de relacionamiento.
En lo principal, se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia, en lo que parece ser el tramo más controversial a la luz del Artículo 29 de la Constitución que impide delegar facultades extraordinarias o la suma del poder público. Aunque, de hecho, son dos materias menos que las que solicitó el expresidente Alberto Fernández durante la Pandemia.
De todas formas, el proyecto anticipa una fuerte discusión en el Congreso porque desregula y contiene cerca de 644 ítems y artículos. Se activarán las negociaciones.
Los principales ejes del proyecto de ley ómnibus son:
Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada.
Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.
Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto con foco en los haberes mínimos.
Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas u obstaculicen el espacio público.
También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales. Una reunión de 3 o más personas en la vía pública requerirá autorización previa al Ministerio de Seguridad.
Se amplía la tipicidad para considerar legítima defensa, incluido el accionar en fuerzas de seguridad.
Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas con desburocratización y trámites a distancia.
El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.
Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.
Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la Justicia, como el INADI.
Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
Se propone la eliminación de las PASO y las primarias las tendrá que hacer cada partido político, sin aportes para impresión de boletas ni cesión gratuita de espacios publicitarios en medios de comunicación.
Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales, lo que significa que se reduce la representación de fuerzas minoritarias y cada distrito elige un candidato que ocupará algunas de las bancas a repartir.
Se equilibra la representación en Diputados otorgándole a Buenos Aires una preeminencia en base al censo 2022 y en detrimento de CABA; otras provincias ceden bancas y ya no habrá un piso de 5 fijadas por la ley .
Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político, donde se dejan de lado las limitaciones de aporte por persona y por campaña.
Se establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023.
Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización.
Se reforma el impuesto de bienes personales y se establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes.
Se elimina la declaración en el régimen de equipaje para el ingreso de importados de uso personal.
Se establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.
Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción.
Se modifica la ley de biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.
Se unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la Justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional, lo que implica la posibilidad de un gran enfrentamiento con los jueces.
Se propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo.
Fija el juicio por jurados pero también establece que el juez que debe llevarlos adelante debe vestir toga y comandar las audiencias con un martillo, como en Estados Unidos.
Se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria.
Se instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia.
Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.
Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
Se introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil.
Se limita el sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.
Reduce los requisitos de registro de personal para las embarcaciones que soliciten permisos pesqueros.
Considera que si en 30 días la administración no responde un pedido de quema controlada de territorios, se otorga una autorización tácita para poder ejecutarlos.
Transfiere al Tesoro los activos del FGS de la ANSES.
El Presidente puede autorizar los ejercicios militares de tropas extranjeras en el país.
Fuente: Ambito.com