Más cambios en la ley ómnibus: menos empresas a privatizar y reducen facultades a Milei
La insólita situación que se vivió en el Congreso Nacional en el tratamiento de la ley ómnibus, donde los diputados debatieron largamente sin un dictamen, es decir, sin ningún sustento en la realidad, comenzó a normalizarse recién este jueves a la noche, cuando comenzó a circular en los despachos el texto final que propone el oficialismo. Los dos principales puntos en cuestión, los referidos a privatizaciones y facultades delegadas, tiene nuevas concesiones a la oposición. Se mantuvo sin alteraciones la potestad amplia para tomar deuda en moneda extranjera.
Finalmente, de las once materias sobre las que se quería declarar la emergencia solo quedan seis en pie: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No obstante, tanto en el radicalismo como en el bloque Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Pichetto no termina de conformar y siguen las discusiones internas.
El Gobierno buscó ganar tiempo con el cuarto intermedio de anoche, pero de todas maneras la jornada de hoy transcurrió hasta la tarde noche sin un texto con el cual referenciar el debate, por lo que se estima que se extenderá hasta las 4 am para llegar a la votación en general. El nuevo PDF de 346 páginas llegó mientras en las afueras se derramaba un clima de máxima tensión por el choque de efectivos de seguridad con los manifestantes. Y al mismo tiempo que se encontraban en el recinto dirigentes de la vanguardia libertaria, entre ellos Karina Milei y el ministro del Interior Guillermo Franco, quien hoy mantuvo diálogos informales con los mandatarios. Éstos se negaron a volver a reunirse con el Gobierno tras el papelón de la cumbre del CFI de esta semana.
El otro eje clave que asoma en el dictamen es un recorte en el listado de empresas a privatizar, que pasa de 37 a 26. “Sacaron las que están en Córdoba, entre ellas Dioxitek”, mencionaron a Ámbito desde el peronismo. Dioxitek es la firma que provee de uranio a las centrales nucleares. También quedaron afuera la Universidad de Córdoba, Fabrica Argentina de Aviones, dos de las empresas sobre las que ponía el ojo el gobernador cordobés Martín Llaryora, que condicionó el apoyo al proyecto pese a contar con funcionarios en áreas clave del gobierno nacional, como Banco Nación, Anses o la Secretaría de Transportes.
El procedimiento señalado en el texto indica que el Poder Ejecutivo Nacional deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral, conformada por seis diputados y seis senadores, con amplias funciones, como pedían los dialoguistas. La bicameral tendrá apoyo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).También se aclara ahora: “Respecto del proceso de privatizaciones, el mismo deberá cumplir con los principios de transparencia, participación, colaboración, máxima publicidad y difusión”.
Hay tres firmas que sólo podrían ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat. Entre las que se podrían privatizar totalmente: Administración General de Puertos, Aysa, Aerolíneas, Correo Argentino, los yacimientos de Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentinam entre otras. También aparece la agencia Telam y Radio y Televisión Argentina.
Los dos bloques que asoman como la llave de la ley (la UCR y los federales) mostraron calma tras el último texto, y podría destrabar el tratamiento en particular. Antes, el gobierno había bajado el capítulo fiscal, la movilidad jubilatoria, la reforma política, artículos referidos a la cultura, al medioambiente, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, a la ley de hidrocarburos, entre otros. También se seguía negociando el apartado sobre los biocombustibles.
Fuente: Ambito.com