Problemática actividad de Opel en Europa
Tras la aceptación de la oferta del grupo austríaco-canadiense Magna por Opel, la filial europea de General Motors, continúa la polémica por el destino de unos 11.000 trabajadores de la firma, cuyos puestos quedarían eliminados en el plan de reestructuración de la compradora.
Entre los gobiernos afectados por la crisis de la automotriz, Bélgica, Reino Unido y España han presentado sus quejas a la Comisión Europea (CE). Bélgica, donde la fábrica de Amberes tambalea al borde del cierre, y el de Reino Unido, donde hay dos importantes plantas, exigieron a la CE un análisis exhaustivo de las contrapartidas ofrecidas por Alemania. En España, la situación empeora respecto de la planta de Figueruelas.
En una carta remitida a la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, el ministro británico de Empresa, Peter Mandelson, manifestó sus dudas sobre la viabilidad del plan de la austríaco-canadiense, que considera demasiado caro e injusto por su trato a las fábricas más productivas, que señala como las británicas (en Luton y Ellesmere Port) y la española.
"Está previsto que las plantas más eficientes del Reino Unido y España trabajen por debajo de su capacidad en favor de otras plantas de General Motors menos eficientes", denuncia Mandelson en su escrito.
Asimismo, exige a la CE que examine a fondo el plan de Magna, que cuenta con obtener un crédito público, para comprobar que tenga viabilidad comercial, y no se base en subsidios y ayudas públicas.
El gobierno de España pidió hoy a la CE que las ayudas al fabricante automovilístico Opel no estén "políticamente condicionadas".
"España va a exigir a la Comisión Europea que se aplique la legalidad comunitaria, que haya una solución europea a este asunto y que no haya ningún tipo de ayuda de Estado o decisión de Gobiernos que condicionen la decisión empresarial", dijo el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido.
La Comisión Europea ya ha advertido de que no aceptará que la aportación financiera al plan de rescate de Opel de cada país afectado por la venta a Magna se vincule al número de despidos o mantenimiento de la producción en sus territorios.
Los países en los que hay fábricas de Opel están discutiendo actualmente su posible y controvertida participación en el crédito de 4500 millones de euros (6615 millones de dólares) para salvar a la compañía que Alemania ya ha aprobado.
El portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, señaló que "la carta de Mandelson no cambiará nada", porque ya está en marcha la supervisión de las ayudas. Todd indicó que Bruselas no podrá hacer una evaluación certera del proyecto hasta que las autoridades alemanas envíen toda la información solicitada, también sobre qué tipo de ayudas se van a conocer, por qué cantidad y con qué plazos.
Además, Todd subrayó en rueda de prensa que el ejecutivo de la Unión Europea (UE) evaluará "cualquier ayuda" concedida a la filial europea de General Motors, ya sea de las autoridades alemanas, británicas, españolas, belgas o polacas.
En España, la intención de recortar puestos de trabajo causó grandes controversias, ya que, en un principio trascendió que serían 1672 los despidos en la fábrica zaragozana de Figueruelas, y luego un diario alemán (el Frankfurter Allgemeine Zeitung) reveló que la reducción de empleos en esa planta ascendería a 2090. El sector sindical rechazó las posibles medidas.
Ayer, al menos 5.000 personas se menifestaron en la ciudad de Amberes, norte de Bélgica, contra la eventualidad de que la fábrica de Opel en esa localidad, donde se fabrica el modelo Astra, sea cerrada definitivamente y deje sin trabajo a 2.500 personas.
El polémico traspaso. GM accedió a mediados de septiembre a ceder la gestión de Opel a través de la venta del 55 por ciento de las acciones al consorcio formado por Magna, el fabricante ruso Gaz y el banco estatal ruso Sberbank.
En virtud de este acuerdo, GM mantendría en su poder el 35 por ciento de sus acciones y el 10 por ciento restante iría a parar a manos de la plantilla de la compañía. (LA NACIÓN)