Prometen agilizar juicios contra la ANSeS
Antes del 3 de enero próximo -o, en rigor, antes del 3 de febrero, dado que el primer mes del año hay feria judicial-, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá retirar de la Justicia los recursos de apelación contra sentencias favorables a jubilados, siempre que sean reclamos por temas en los cuales la Corte Suprema ya dio su fallo.
Es el caso, por ejemplo, de los juicios en los que se pide la aplicación del criterio Badaro, que declaró que entre 2002 y 2006 el Gobierno debió haber incrementado según un índice predeterminado -y sin fijar límites por nivel de ingresos- el monto de las jubilaciones y pensiones, afectadas por la inflación.
Además, siempre y cuando los reclamos estén referidos a cuestiones sobre las que ya se expidió la Corte, el Estado se comprometió a no apelar más los fallos de primera o de segunda instancia. En rigor, en 2004 una resolución de la Secretaría de Seguridad Social "instruyó" a la Anses a actuar en tal sentido en algunos temas. Pero tanto fuentes del Poder Judicial como abogados consultados por LA NACION coincidieron en que esa norma sólo se cumplió parcialmente, con lo que se siguió obligando a muchos a esperar los largos plazos de un juicio.
Los compromisos respecto del plazo de desistimiento de apelaciones hechas y del abandono de la práctica de apelar nuevas sentencias surgen de un acta firmada por representantes del Estado argentino y un grupo de jubilados y sus abogados, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se había iniciado un reclamo en 1995.
En el acta, firmada por funcionarios de la Anses, la Cancillería y la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos, el Estado se compromete a "desistir dentro de los 60 días corridos de la firma del presente acuerdo [eso fue el 4 de noviembre] de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados" ante la Corte o la Cámara de la Seguridad Social, "en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares".
LA NACION intentó conocer cuántos podrían ser los beneficiarios de la disposición, pero diferentes fuentes judiciales dijeron no tener identificado el número. En la Anses, por su parte, facilitaron el texto de lo firmado ante la OEA, pero no dieron precisiones respecto de cómo se están cumpliendo los compromisos.
El acuerdo establece un mecanismo de seguimiento con participación de funcionarios de la OEA.
En la Corte esperan sentencia unos 4000 juicios previsionales -en total hay más de 230.000-, pero no se conoce cuántos podrían ser alcanzados por el desistimiento de las apelaciones. A la instancia suprema llegaron este año, en promedio, 270 causas por mes.
El trámite ante la OEA se había originado en las demoras del proceso judicial de reclamos previos a mediados de los 90. Pero en los últimos años, por la inflación y la ausencia de una política de movilidad entre 2002 y 2008, la cantidad de juicios creció de manera récord. Este año los litigios iniciados duplican los de 2008. Juicios de ejecución
Algo que prolonga el trámite es que en muchos casos la Anses no cumplió en tiempo y forma con los fallos, lo que lleva a juicios de "ejecución de sentencia". "La mayoría de las causas va a juicios de ejecución, porque se liquidan mal", afirmó Sergio Bobrovsky, uno de los abogados que patrocinaron a jubilados ante la OEA. El acuerdo "de solución amistosa" incluye el compromiso de la Anses de generar un sistema de liquidaciones "que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos" dispuestos en el fallo judicial.
Bobrovsky afirmó que el acuerdo se firmó "bajo el principio de la buena fe" y usando dos verbos que consideró claves: el Estado "se compromete y se obliga" a no apelar.
El abogado mencionó dificultades con las que se topan quienes ganan juicios. Por ejemplo, dijo que las sentencias de quienes se jubilaron por la ley 24.241 no se cobran, porque aún no existe un sistema de liquidaciones.
"La mayoría de los juicios no se pagan en los 120 días que tiene la Anses o se pagan mal", afirmó Beatriz Weidgans, vicepresidenta de la Asociación de Abogados Previsionalistas. La institución considera que faltan recursos y más juzgados en el fuero de la seguridad social, algo que se convierte en otra razón para las demoras que, por otra parte, intentan ser reducidas a partir de la puesta en marcha de un proceso gradual de informatización. Medidas cautelares, aún sin definición
La habilitación de una medida cautelar dictada por la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, por los votos de los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, buscó dar celeridad al reajuste reclamado por un jubilado, dejando para el final del juicio el pago del monto retroactivo. La decisión, sin embargo, fue objeto de un recurso extraordinario de apelación presentado por el fiscal Eduardo Miragaya, por lo que el trámite todavía está sin definirse. Mientras tanto, la Sala I del mismo fuero rechazó otra medida cautelar, actuando en sentido contrario al de los jueces mencionados. (LA NACIÓN)