PyMEs y grandes empresas podrán financiar proyectos de capacitación y competencias laborales

El Ministerio de Trabajo lanzó hoy el Régimen de Crédito Fiscal destinado a promover la inclusión social a través de la aprobación de proyectos presentados por empresas o talleres protegidos de producción, los cuales podrán acceder a certificados que le permitirán cancelar obligaciones impositivas.

A través de la Resolución 55/2011, publicada en el Boletín Oficial, la cartera laboral determinó que "las micro, pequeñas y medianas empresas podrán financiar proyectos por un importe equivalente a 8 por ciento de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones y sus respectivas contribuciones patronales, abonados entre enero y diciembre de 2010".

En cambio, "las grandes empresas podrán financiar proyectos por un importe equivalente a 8 por mil de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones y sus respectivas contribuciones patronales, que fueron abonados por la empresa responsable entre enero y diciembre de 2010".

"En ningún caso el monto financiable por el Régimen podrá ser superior a los 300.000 pesos por empresa y por año", puntualizó el texto.

Precisó que "los Certificados de Crédito Fiscal sólo podrán ser utilizados para la cancelación de obligaciones fiscales emergentes del impuesto a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, al Valor Agregado (IVA) o impuestos internos, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

Asimismo, destacó que "se excluyen expresamente de este Régimen los impuestos o gravámenes destinados a la Seguridad Social". Además, remarcó que "no podrán participar aquellas empresas que tengan deudas provisionales, ni las que hayan sido multadas por empleo no registrado o hayan incurrido en despidos colectivos en los últimos doce meses anteriores a la presentación o en cualquier etapa durante la ejecución del Proyecto".

De acuerdo al Ministerio que conduce Carlos Tomada, este nuevo régimen "está destinado a contribuir a que las empresas y talleres protegidos de producción fortalezcan y contribuyan a la certificación de la calidad de gestión de las instituciones de formación profesional y las competencias laborales de su personal operativo en todos los niveles de calificación".

También subrayó que la normativa apunta a "que trabajadores desocupados tengan oportunidades de fortalecer sus calificaciones a partir de su integración en proyectos que combinen formación profesional y capacitación laboral; nivelación y certificación de estudios de nivel primarios, secundarios, terciarios o superiores; procesos de evaluación y certificación de competencias laborales establecidas según parámetros metodológicos y procedimentales".