Pymes en alerta por posible suba en alícuota de ART

Las pymes siguen con atención lo que puede significar un nuevo golpe a sus ya raleados bolsillos. Es que la decisión del Gobierno de elevar el aporte que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deben realizar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), implicaría en un futuro no muy lejano la suba de las alícuotas que los empleadores deben pagar para la cobertura de riesgos del trabajo.

La historia reciente dice que el pasado jueves 24 de enero se publicó el decreto 72/2019 que estableció que la SRT, en su calidad de administrador del Fondo de Garantía, podrá invertir un porcentaje de los excedentes en el denominado “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” (FONDEP), un fondo financiado con el aporte de compañías de seguro por el cual el Gobierno consiguió el año pasado unos $ 6 mil millones para destinar a las pymes.

En el mismo decreto, el Ejecutivo aumentó del 0,6% al 1,4% el aporte que las ART deben realizar a la Superintendencia, como porcentaje del total de los importes que perciben por las cuotas de contratos de afiliación. Este incremento del 133% en las cuotas de las ART supone que habrá un traslado a precios sobre la alícuota que los empleadores deben pagar para asegurar a sus trabajadores.

Especialistas consultados por ámbito.com explicaron que “teniendo en cuenta la cantidad de afiliados que hay a las ART, el aumento establecido por el Gobierno representará un flujo extra de dinero que rondará los $ 900 millones”.

Si bien el Gobierno justifica el incremento porque el excedente de la recaudación de la SRT servirá para darle volumen al FONDEP y que a la vez ese flujo pueda ser invertido en plazos fijos y títulos públicos nacionales. “El aumento en la cuota, y por ende en los costos operativos de las empresas, es innecesario porque el Fondo de Garantías tiene números superavitarios”, se quejó un empresario ante este medio.

Como contracara de la bronca que hay entre los empresarios, fundamentalmente los pyme, por lo que significaría otro incremento en la estructura de costos, desde el sector asegurador se mostraron “sorprendidos” por la medida ya que nadie desde el Gobierno los consultó antes de establecer el aumento del aporte. En esa línea, fuentes del sector dijeron que “no tiene justificación política ni técnica”.

A dos años de la aprobación siguen sin aplicarse temas clave de la Ley de ART como lo son la conformación de los Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito de la Justicia Laboral, cuyos profesionales cobren honorarios en función de la tarea realizada y no más atados al monto de la sentencia, y la disposición de un único Baremo o tabla de evaluación de incapacidades. En ese sentido, distintas fuentes coincidieron en que “con los aspectos pendientes de la reforma no hay margen en el sector para seguir absorbiendo sobrecostos”. Habrá que ver cómo reaccionan las ART en un mercado naturalmente más chico por la caída del empleo registrado, y si finalmente aumentan o no las alícuotas.

Si bien el cambio en la legislación arrojó buenos resultados, como por ejemplo, una baja en la litigiosidad del 85%, sin la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la Justicia Laboral, es incierto la valuación del stock de 340.000 juicios laborales aún pendientes que podría llegar a la exorbitante suma de $ 188.000 millones adicionales, según un cálculo de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Es más, ese stock se actualiza a tasas sumamente altas (hasta el año pasado eran del 80%), que son imposibles de conseguir con cualquier tipo de inversión.

En 2018, el Gobierno inició con el FONDEP, administrado por el Ministerio de Producción, la compra de activos en el mercado de capitales como obligaciones negociables pymes, cheques garantizados, y fideicomisos financieros, para darles impulso a estos instrumentos que son utilizados por las pymes para conseguir financiamiento.

De hecho, en enero el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, y el superintendente de Seguros, Juan Pazo, contaron que el Ministerio de la Producción trabaja en una medida que le permitirá a las pequeñas y medianas negociar cheques en el mercado con plazos de entre seis meses a un año, y lo podrán hacer a tasas más bajas que en el sistema bancario con dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Fuente: Ambito