Tarifas: después de cuatro años, el ENRE retoma el proceso de revisión integral

A partir de junio, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dará inicio al proceso de revisión tarifaria integral (RTI) de los servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica, que fue sistemáticamente suspendido desde que asumió el Frente de Todos, por lo que la última vez que se realizó fue en 2019.

Fuentes del ENRE explicaron que en junio recién arranca el proceso, que llevará varios meses. En un plazo de 30 días, lo que se elaborará será el cronograma de desarrollo y las pautas que regirán el proceso. Allí se van a determinar, a través de una evaluación técnica económica, los distintos parámetros de calidad de servicio que se le van a imponer a las distribuidoras Edenor y Edesur para el quinquenio 2024-2028.

Luego, deberán definirse las inversiones en la red eléctrica, el régimen de sanciones y otros parámetros de calidad con respecto a los incumplimientos. También habrá audiencias públicas para evaluar las propuestas de las empresas. Como la RTI aplica a distribución y transporte, además de las concesionarias Edenor y Edesur, la revisión impactará en Transener, Trasnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo y Transco.

Desde una de las compañías se mostraron a favor de la vuelta de las RTI, pero remarcaron: “Es una pena que se haya esperado casi a la finalización de esta gestión para realizarla”. Criticaron que desde el último aumento, realizado en marzo del año 2019 bajo la gestión de Mauricio Macri, hasta la actualidad la inflación acumuló 664%, contra un Valor Agregado de Distribución (VAD) que trepó 173%, teniendo en cuenta lo aplicado en mayo de 2021, marzo de 2022 y abril de 2023.

“Las empresas quedaron endeudadas y con problemas de caja por el congelamiento y luego la dilación de los últimos dos aumentos”, afirmó una fuente del sector privado. Desde las compañías también reclamarán que se regularice el ENRE y se llame a concurso para que “sea manejado por técnicos que conozcan el sector”, afirmaron. Actualmente el titular del ENRE es el interventor Walter Martello, quien era defensor del pueblo de Buenos Aires y fue designado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en agosto pasado.

Del otro lado, Marcos Rebasa, ex director del ENRE durante el kirchnerismo, y actual integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, se mostró pesimista. “Las RTI se establecieron con el inicio de las concesiones en los años noventa, pero con tantas interrupciones perdieron su esencia. Sirven para que las concesionarias digan los gastos que van a tener y las inversiones que van a hacer, pero de ahí surgen dos problemas”, afirmó.

Por un lado, aseguró que con estos niveles de inflación “es difícil” que una empresa haga una proyección de las obras de cara al período 2024-2028. Pero, sobre todo, porque consideró que las inversiones que deben realizarse para que se retome un servicio con menores cortes “tienen que ser muy importantes”. Por este motivo, Rebasa afirmó: “Es la única forma para salir del caos de algunos barrios y dar un servicio razonable. Pero si ponen lo que verdaderamente tienen que invertir, las tarifas lógicamente van tener que plantearse con altos incrementos para resolver los problemas, o el Estado va a tener que intervenir, pero hoy está de manos atadas con el FMI. Por lo que creo que es difícil que se cumpla la RTI, o que refleje números reales”.

De hecho, Rebasa también opinó que podría aprovecharse la vuelta de la RTI para realizar cambios en el accionar del ENRE. “Las condenas a las empresas se realizan ex post, cuando no funciona el servicio. Mi opinión es que tienen que ser ex ante, controlar si se realizan las inversiones y si no se ejecutaron, penalizarlas”, opinó.

Apenas asumió el Frente de Todos, una de las consignas que repetían economistas cercanos a Alberto Fernández era que para “volver mejores” no debían congelarse las tarifas, en lo que Martín Guzmán, ex ministro de Economía, consideraba como subsidios pro rico. Sin embargo, al comienzo del gobierno se frenó la RTI con el argumento de que “había que revistar el shock de aumentos de 2016-2019", y luego con la llegada de la pandemia. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Energía revelaron que ya para fines de 2020 le anticiparon a Guzmán que, con el congelamiento tarifario y sin monitorear inversiones, el sistema aguantaría en el verano de 2021, pero desde el verano 2022 iba a explotar. “Fue la crónica de una muerte anunciada”, recuerdan los economistas que trabajaban en ese entonces en la Secretaría.

Fuente: Ambito.com