Tras años de espera, los dueños de 100.000 lotes en countries bonaerenses podrán escriturar
La Resolución 400, que vio la luz hace algunas semanas, pareció traerle alivio a muchos propietarios de terrenos en barrios privados, chacras y clubes de campo de la Provincia de Buenos Aires que, producto de la burocracia que llevaba casi una década, hasta ahora no habían podido escriturar.
Hace tres semanas, cuando la legislación entró en vigencia, muchos de los dueños de más de 100.000 lotes ubicados en unos 200 desarrollos urbanísticos bonaerenses, junto a los propios desarrolladores inmobiliarios, comenzaron con los trámites de escrituración a través del nuevo sistema digital.
Sin embargo, a la hora de tratar de obtener su escritura se encontraron con una nueva traba.
Los propietarios que tienen más de un terreno, muchos de los cuales ya construyeron en esos lotes y viven desde hace varios años en ese lugar, tienen que hacer frente al denominado Impuesto Inmobiliario Complementario.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA) exige el pago de esa tasa en forma retroactiva, es decir, desde el momento en el que compraron el terreno. En el caso de aquellos que construyeron su vivienda, esa actividad quedó registrada a través de los documentos fotográficos tomados por ente recaudador.
¿Quién paga?
Ahora, los dueños de los lotes aseguran que no les corresponde el pago, ya que hasta que no tengan la escritura no son los dueños formales de la tierra y explican que esa deuda la tiene que asumir el desarrollador de la urbanización, quienes hasta la escrituración es el único propietario del predio.
"Queremos lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Buscamos generar una mesa de negociación que involucre a ARBA y que nos permita encontrar una salida", explicó a BAE Negocios, Claudio Caputo, Presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos.
En los últimos días, las escribanías están viviendo en carne propia como este conflicto de intereses vuelve muy complicada la firma de la escritura, debido a los gastos impositivos a los que tienen que hacer frente. Con la nueva norma, este trámite de regularización tendría que tardar unos noventa días pero, hasta ahora, se queda trabado en esa instancia.
Fuentes cercanas a los desarrolladores inmobiliarios relativizan el potencial inconveniente y aseguran que se podría solucionar muy fácilmente si ARBA flexibiliza el trámite para que el propietario del lote haga la desvinculación de su partida inmobiliaria de la partida global del barrio antes de firmar la escritura. De esa forma, quedaría liberado de la deuda con el fisco provincial. Las constructoras tendrían que seguir los mismos pasos para lograr la condonación de la deuda aunque, según dicen en el sector, en ese caso el resultado es incierto.
La semana que viene, integrantes de la Cámara de Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) tendrán una reunión con los funcionarios de ARBA para tratar de llegar a un acuerdo que deje satisfechos a todos. Aseguran tener un diálogo fluido con el organismo.
Por su parte, Caputo indica que se si decidiera que el correcto funcionamiento del nuevo sistema generaría un ingreso adicional de US$200 millones para el organismo liderado por Gastón Fossati.
Fuente: BAE Negocios