Denuncias a "Ticket Canasta"
Accor, la empresa multinacional de Tickets Canasta involucrada en el escándalo por el intento de influir en el voto del diputado nacional Héctor Recalde, acordó con el legislador el aporte de dinero en efectivo a una ONG para apoyar planes de transparencia y control de la corrupción. Casi como una probation, los actuales representantes de Accor promueven ahora acciones para proteger a los funcionarios públicos del tráfico de influencias, las presiones y las coimas.
El acuerdo firmado el 5 de marzo pasado establece, por un lado, un apoyo económico a una organización no gubernamental –específicamente, Poder Ciudadano– para colaborar con los programas de transparencia en la relación entre empresas y el poder político. Además, contiene un compromiso de la compañía para proteger a los empleados que se quedaron sin trabajo después de la promulgación de la ley 26.341, que estableció la conversión de los tickets en dinero remunerativo en el sueldo. Cuando esa norma era un proyecto, Accor intentó frenarla ofreciendo sobornos.
Fue en diciembre de 2007. Recalde, que también es abogado laboralista, denunció en conferencia de prensa al entonces director de Accor, Santiago Lynch, y al intermediario, Miguel Gutiérrez Spano, por haberle ofrecido dinero a su hijo, Mariano, con el objetivo de cajonear el proyecto de ley que modificaba por completo la vigencia de los vales de comida. La reunión donde los empresarios intentaban concretar esta coima fue grabada con una cámara oculta que utilizó Recalde con el asesoramiento del abogado Hugo Wortman Jofré. En el video aparece Gutiérrez Spano ofreciendo una mensualidad de 20 mil pesos “del color que te guste” –según dijo el abogado– por cajonear la ley. Si además Recalde motorizaba una ley para extender los tickets a todos los trabajadores, le habían prometido 20 millones de dólares que se pagarían por etapas empezando desde la presentación del proyecto hasta la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Nada de eso sucedió. Recalde realizó la denuncia y su proyecto original terminó convertido en ley.
La prueba de la filmación fue la base para una causa penal que tramita en los tribunales federales donde el fiscal Jorge Di Lello pidió la semana pasada la elevación a juicio oral. En paralelo, el diputado kirchnerista, también con el asesoramiento de Wortman Jofré, apeló a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), la organización que adhiere a las pautas contra el soborno trasnacional y que tiene un sistema de Puntos de Contacto en los países para denunciar violaciones a las directrices de la OCDE. En la Argentina, ese punto funciona en la Cancillería pero responde directamente a la Organización. Según explicó a este diario Wortman Jofré, “el mundo global ha tomado conciencia acerca de la importancia de realizar negocios, no de cualquier manera y a cualquier costo, sino promoviendo el respeto a la legalidad y la transparencia de las operaciones, en todos los países del planeta”.
En ese contexto, Accor aceptó sentarse en las reuniones del Punto Nacional de Contacto porque un informe negativo de la OCDE podría ser mucho más perjudicial para la compañía que una condena en una causa penal argentina. El primer pedido de Recalde fue que destine un porcentaje de la coima ofrecida para financiar programas de transparencia. La mediación sólo llegó a buen puerto cuando la compañía decidió colaborar con la ONG Poder Ciudadano y un plan de Recalde para atenuar la desocupación que generó la nueva ley en el rubro de los tickets: garantizar un adicional a la indemnización de los trabajadores despedidos por la nueva ley y la prolongación de la asistencia médica.(CRITICA DIGITAL)