El Gobierno desregulará el transporte marítimo: advierten que afectará la soberanía y destruirá 3.000 empleos

El gobierno de Javier Milei prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular el transporte marítimo en Argentina, una medida que impactará negativamente en la soberanía y la independencia económica del país y que podría destruir hasta 3.000 puestos de trabajo, según fuentes del sector.

El proyecto en el que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elimina la obligatoriedad de contratar empresas y tripulantes locales, habilitando que el tránsito, comunicación y comercio puedan ser practicados por buques bajo registro extranjero.

"Son efectos altamente perjudiciales que, de implementarse lo planteado por el Ejecutivo, acabarían con la Marina Mercante Nacional", advirtieron en un comunicado los sindicatos integrantes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F), que rechazaron la medida de forma contundente.

"Si se llevara a cabo esta ’desregulación’, los buques argentinos tripulados con trabajadores argentinos que actualmente se encuentran destinados a la provisión de combustibles, insumos de salud y alimentación destinados a nuestra población, quedarían exclusivamente en manos extranjeras", afirmaron.

Señalaron que las consecuencias no solo serían "la pérdida de nuestra soberanía nacional, económica, y comercial", sino también "desocupación laboral, fuga de divisas en dólares al extranjero producto del pago de los fletes al exterior y la pérdida de la capacidad de abastecernos de nuestros insumos diarios".

Desregular la industria marítima, una "receta fallida de la década del ’90" El informe "Los impactos negativos de la desregulación en la industria naval y la Marina Mercante", elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advirtió que el proyecto del Gobierno "va a contramano" del contexto actual, donde "los países centrales apuestan a defender su soberanía logística" en medio de la guerra comercial.

"Con la desregulación impulsada por Sturzenegger se repite la receta aplicada en la década del ’90. En ese entonces, la eliminación del Fondo Nacional de la Marina Mercante en 1994 y la disolución de la flota estatal provocó el cierre de numerosos astilleros y talleres, además de una fuerte reducción de la flota mercante argentina", recordó.

Argentina llegó a contar con una de las flotas mercantes más importantes del mundo, con más de 60 embarcaciones operadas exclusivamente por la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (E.L.M.A.). Sin embargo, tras las políticas aplicadas en los años ’90, se perdieron 30.000 puestos de trabajo y cerraron el 90% de los astilleros. Hoy el país no posee ningún buque propio que participe del comercio internacional.

El DNU que prepara el Gobierno permitirá que propietarios y/o armadores soliciten el "cese de bandera provisorio" de los buques y artefactos navales, de manera que podrán inscribirlos en registros extranjeros pero otorgándoles tratamiento de bandera nacional a todos los fines de la navegación. "Esto es la virtual derogación de la ’ley de cabotaje’ e implica la desaparición de lo que queda de la flota mercante argentina", sostuvo CEPA.

Además, el proyecto deroga los Convenios Colectivos de Trabajo del sector, ya que el artículo 12 prevé que "los nuevos contratos de ajuste deberán aplicarse con expresa exclusión de los regímenes laborales bajo la matrícula nacional". Según el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), esto implica la pérdida de por lo menos 3.000 puestos de trabajo.

Los datos del Registro de Empresas de la Prefectura Naval Argentina indican que actualmente existen 338 empresas vinculadas al sector, entre astilleros, talleres navales y otros establecimientos, que emplean a cerca de 10.000 personas. Casi un tercio de esos empleos se pondrían en riesgo con el DNU.

"Argentina debe fortalecer el rol de la marina mercante nacional como herramienta estratégica para la soberanía. La presencia activa de buques de bandera argentina en los servicios fundamentales permitiría recuperar el control de nuestra logística, generar empleo industrial y garantizar autonomía en un mundo cada vez más fragmentado y en disputa", concluyó CEPA.

Fuente: c5n.com