Empresas deberán cumplir registro de integridad para contratar con el Estado

La Oficina Anticorrupción (OA) se encuentra en pleno diseño del Registro de Integridad y Transparencia del Estado (RITE), que busca promover las mejoras y madurez de los programas de integridad y las buenas prácticas, tanto en el sector público como en el privado. Si bien el registro no será obligatorio, funcionará como una especie de “Veraz” que podría ser exigible por los organismos públicos para que las empresas privadas participen en procesos licitatorios.

Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la OA basó el desarrollo del RITE en el modelo del Padrón de Integridad Empresarial de México, en donde se implementó con éxito. Una vez que se ponga en marcha se convertirá en una plataforma dirigida a empresas privadas, públicas y con participación estatal, y entidades sin fines de lucro, interesadas en mostrar su compromiso con el desarrollo de acciones de integridad para mejorar la transparencia de sus operaciones.

De esta forma el RITE se promueve como una forma de identificar a las empresas públicas y privadas con buenas prácticas de integridad, lo que supone una especie de garantía al momento de contratar. “Hoy hay un paradigma bastante extendido de que las políticas anticorrupción no tienen que estar solo focalizadas en el sector público, también tienen que estar presente en el sector privado y en la relación público-privado”, explicó en diálogo con Ámbito, Luis Villanueva subsecretario de la OA a cargo de Planificación de Políticas de Transparencia

En la actualidad, las empresas están alcanzadas por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que establece una serie de obligaciones, entre ellas, tener un programa de integridad que incluye varios componentes.

"Nuestro registro es el espacio en el cual las empresas van a dar cuenta sobre los programas de integridad que están desarrollando, pero a la vez van a usar nuestro registro como una manera de mejorar sus programas de integridad porque el registro prevé una serie de herramientas como capacitaciones e instancias formativas", analizó Villanueva.

En pleno proceso de diseño, la OA viene trabajando con distintas cámaras empresarias y empresas públicas para presentarles el registro y receptar ideas y propuestas. Con la implementación pensada en dos fases, este año comenzará la etapa formativa para que en mayo del año próximo las empresas que vengan transitando el proceso vean facilitada la incorporación al registro.

Al respecto Villanueva contó los alcances del RITE: "Este registro no solo les va a permitir cumplir con lo que dice la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sino que les va a permitir conocer mejor a las empresas con las que contratan. Pasa mucho con las empresas que tienen casas matrices en países con altísimas regulaciones como EEUU y Alemania, les sirve para conocer más a los clientes y evitar tener problemas en sus países de origen".

El registro promovido y diseñado desde la OA servirá para todos los tamaños de empresas, aunque no se le exigirá lo mismo a una gran empresa que a una pyme.

Aunque no será obligatorio, Villanueva aclaró que "va a ser un insumo de los organismos que contratan para conocer a las empresas que tienen negocios con el Estado". Además, desde la OA están pensando en que la inscripción en el RITE se llegue a constituir como un requisito para acceder a beneficios o incentivos específicos.

En ese sentido, en la OA apuestan a que haya convencimiento por parte de las empresas. Es por eso que para Villanueva afirmó que "corresponde no exigir solamente estas políticas de integridad al funcionario público. Está muy bien eso, pero sabemos que en un caso de corrupción hay que tener voluntad de los dos lados del mostrador. Entonces pedimos a las empresas que muestren lo que hacen para evitar los casos de corrupción".

Entre los objetivos planteados por la OA están que la plataforma RITE impacte positivamente en las empresas y entidades en los siguientes aspectos:

 Constituirse como una herramienta de consulta necesaria en el marco de las contrataciones que realice el sector público.

 Mejorar las oportunidades, colaborar en el cumplimiento de los requisitos establecidos para contratar con el sector público y formar parte de la cadena de valor de las Empresas con Participación Estatal (EPEs).

 Complementar las tareas de Debida Diligencia de Terceros llevadas a cabo en el marco de las políticas de prevención que establecen organizaciones del sector privado.

 Contribuir a la implementación efectiva de la Ley 27.401 (Responsabilidad Penal Empresaria).

 Aportar herramientas, materiales y capacitaciones gratuitas que ayuden a implementar y mejorar programas de integridad.

 Generar valor agregado mediante la eliminación de riesgos y la generación de confianza, tanto dentro de la misma empresa como para los terceros (clientes, proveedores, consumidores, Estado).

Por Guillermo Gammacurta

Fuente: Ámbito.com