Guerra judicial asoma entre amparos contra la reforma previsional
La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso apartar al juez subrogante Fernando Strasser de un amparo individual que tramita en ese fuero, contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno. Los camaristas Rodolfo Milano, Néstor Fasciolo y Martín Laclau consideraron -por mayoría- justificado el pedido de recusación planteado por Miguel Ángel Fernández Pastor, exdirector de ANSES y especialista en temas previsionales, en virtud de un enfrentamiento que mantuvo con Strasser durante una demanda anterior contra la Ley de Reparación Histórica. La decisión puede alterar el escenario inicial, en el que el magistrado había solicitado la unificación de todos los expedientes colectivos presentados contra la reforma en el cálculo de haberes sancionada por el Congreso, en su propio juzgado. Y puede acelerar una definición antes de mañana, último día hábil antes de la feria judicial de enero.
El caso de Fernández Pastor fue planteado a título individual -como jubilado- pero además de alegar una cuestión común a los planteos colectivos que tachan de inconstitucional la norma modificada, agrega la necesidad de que para ese caso particular se suspendan vía medida cautelar los alcances de la ley y del decreto correspondientes. El efecto de ambas decisiones, si son avaladas por un juez, dejaría suspendida temporariamente la nueva norma, lo que pone frenético al Gobierno.
Tras la decisión de la Cámara, si eso ocurre, no podría ser Strasser el magistrado a cargo de la resolución, que quedará delegada o en la jueza Adriana Camaratta o en su par Juan Fantini. Camaratta no le trae buenos recuerdos al Poder Ejecutivo y menos a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley: ordenó el restablecimiento de las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas bajo apercibimiento de aplicar sanciones, luego de que la administración Cambiemos avanzara en una poda, cuyos alcances y retrocesos nunca terminaron de quedar claros. Fantini otorgó una cautelar por tres meses que impidió al Poder Ejecutivo utilizar el paquete de acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para homologar sentencias o pagar los convenios, en el marco de la ley de Reparación Histórica. Luego se inclinó por avalar el índice sobre el cual se otorgaban los reajustes.
Hoy se espera el giro del dictamen de la fiscal Mariana Grinberg que puede definir o no la acumulación de causas y en definitiva avanzar un casillero para que Cammarata o Fantini sean los jueces a cargo del caso de Fernández Pastor. Si no se estiran los tiempos, mañana mismo podría expedirse alguno de los dos magistrados por una medida cautelar que pretende que se suspendan los alcances de la ley. En este escenario, el Gobierno apelará y la batalla mantendrá activa la feria judicial de enero, pero con destino final en la Corte Suprema de Justicia.
La propia ANSES le había pedido a Strasser que no solo se declare competente, si no que aglutine bajo su órbita cualquier demanda interpuesta, presente o futura, contra la modificación. Strasser hizo lugar a la medida y ordenó a todos los jueces del país abstenerse de tomar resoluciones y remitirle en carácter de urgente todos los escritos ingresados, tal como informó Ámbito Financiero. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que lidera el aliado papal Juan Grabois recusó al magistrado en el planteo colectivo. Strasser lo rechazó. Argumentó que faltaba la firma de Grabois y que por ende era inadmisible desde el punto de vista formal, además de negar el fondo de la cuestión. Esa resolución ya está en manos del tribunal de apelaciones, con final abierto dentro de la madeja judicial que se creó. Ayer, el Senado dio ingreso formal al pliego del juez para convertirse en titular del juzgado N°2, luego de que el Ejecutivo escogiera su pliego para que obtenga su acuerdo.
La posición de la Cámara de la Seguridad Social sobre Strasser no fue ajena al mar de fondo que atraviesa el fuero. Varios de los magistrados se disputan el protagonismo de una definición judicial sensible para la Casa Rosada con varios capítulos por delante.
En la carrera contra el tiempo que propone este pleito, el Estado anunció que la ley fue promulgada pese a que ayer no había aparecido publicada todavía en el Boletín Oficial. La Cámara de Diputados y la ANSES pidieron que se le amplíen los plazos en cinco días más para contestar. Strasser se lo concedió, pero no es el único que podría llegar a intervenir en un fallo que puede ser trascendental en términos políticos.
Fuente: Ámbito