La Corte Suprema deberá fallar sobre la Ley de Medios Audiovisuales
La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre la ley de medios aprobada en octubre pasado. Como consecuencia de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones mendocina, difundido ayer, el Gobierno ya anunció que apelará y, así, al final, deberán decidir los supremos. La Cámara avaló el fallo de una jueza de primera instancia que objetaba la “ilegitimidad del trámite legislativo”.
La sentencia del tribunal mendocino –firmada por los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra– asegura que “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación”.
A lo largo de 33 páginas, los camaristas confirmaron, así, la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal, quien dispuso, el 21 de diciembre pasado, la suspensión de la ley de medios audiovisuales como medida cautelar. El kirchnerismo, entonces, apeló el fallo y la Cámara lo volvió a desairar.
El titular del ex Comfer, Gabriel Mariotto, confirmó ayer que el gobierno nacional acudirá a la Corte Suprema. El oficialismo tiene, desde hoy, diez días para presentar la apelación.
“Ahora están descorchando en la calle Tacuarí (calle en la que está ubicado el diario Clarín) a instancias de la Cámara”, protestó Mariotto.
El diputado nacional del peronismo disidente Enrique Thomas, de buena relación con el vicepresidente Julio Cobos, fue uno de los promotores de la medida cautelar inicial que terminó en la suspensión de la ley.
“El fallo ratifica nuestra denuncia, es decir, que el oficialismo en el Congreso vulneró cuestiones reglamentarias básicas para avanzar en la sanción de la ley de medios”, celebró Thomas.
La Cámara afirmó que existen elementos que “permiten arribar a la conclusión” de que al diputado Thomas “se les habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley”.
La ley ya fue suspendida por otros jueces federales de primera instancia, pero esta es la primera vez que una Cámara resuelve sobre el tema. Por eso, en adelante, deberá pronunciarse la Corte Suprema. Con la decisión de la jueza Pura de Arrabal, ya son cinco los fallos en contra de la ley, uno de ellos promovido por el Grupo Clarín.
El fallo original de Pura de Arrabal, ayer ratificado por la Cámara, no cuestionó el fondo ni los artículos de la ley, sino las formas. Suspende, entonces, la aplicación de la ley y retoma el viejo decreto ley de la dictadura.
“El fallo viola precedentes dictados por la Corte Suprema referidos a la judicialización de los trámites parlamentarios. La sentencia, jurídicamente, es muy floja. En nombre de las formas, suspende la aplicación de una ley de la democracia y retoma un decreto ley de la dictadura” se quejaron desde el oficialismo.
En Casa de Gobierno, además, vincularon el fallo a “la presión del Grupo Uno”, multimedios de los socios Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano.
La suspensión integral de la ley complica los planes del oficialismo, que pretendía acelerar la integración de la autoridad de aplicación de la norma. El plan del kirchnerismo, en línea con lo dispuesto por la ley, era exigir a los grupos mediáticos que cumplieran el requisito de desmonopolización en el plazo de un año.
Tanto la autoridad de aplicación como la comisión bicameral del Congreso, creadas por esta ley, deben suspender su funcionamiento y cualquier cosa que hagan será inválida”, aseguró el diputado Thomas.
La Corte Suprema de Justicia no tendrá, una vez que el kirchnerismo presente la apelación, un plazo determinado para dar una sentencia definitiva. En el Gobierno esperan una decisión para el corto plazo, antes del recambio presidencial de 2011.
(CRÍTICA DIGITAL)