Unifican la base de datos para la contratación de obras públicas y servicios de consultoría
El Gobierno decidió la unificación de todos los registros de inscripción de aquellos interesados en la contratación para la realización de obras públicas o servicios de consultoría, a efectos de “maximizar la eficiencia del gasto público”, en un nuevo capítulo de revisión de normas superpuestas que, en este caso, se remontan a 1947.
La unificación de los regímenes de inscripción en uno solo se estableció a través del decreto 105/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, en cuyos considerandos se admite que, en algunos casos, debido a la superposición de medidas no se sabe si hay normas que siguen o no en vigencia.
En ese sentido, se señaló que la medida “permitirá mejorar el funcionamiento del Estado, contribuyendo a desempeñar sus funciones de manera más ágil, eficiente y eficaz, a la vez que reducirá el sobredimensionamiento de la estructura estatal”.
“Por aplicación de disposiciones dispersas en diversos regímenes legales y reglamentarios que se han ido dictando sucesivamente y respecto de los cuales, pese a superponerse o solaparse entre sí, no se ha aclarado expresamente si han quedado sin efecto, coexisten en la actualidad diversos sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional que, no sólo les exigen requisitos diversos, sino que les imponen la obligación de presentar la misma documentación”, indicó al respecto.
El decreto se inscribe en las desregulaciones y simplificaciones que da a conocer a diario el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y en él se derogan o modifican diferentes medidas tomadas en las leyes 13.064 de 1947, 22.460 de 1981 y el decreto 1023/2001.
Coexistencia de regímenes “Esta coexistencia de regímenes no condice ni respeta el mandato de unificación de los referidos sistemas”, advirtió el Gobierno en los considerandos de la norma, en la que agregó que “esa situación amerita la unificación de los sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional, estableciendo un régimen general común a todas ellas, que solo prevea particularidades en la reglamentación cuando así lo exija un contrato en particular”.
El decreto dispone la supresión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, en este último caso “por encontrarse obligadas las personas interesadas en contratar servicios de consultoría con la Administración Pública Nacional a inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores (Sipro)”.
En su lugar, las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional deberán inscribirse en una base de datos unificada, cuya administración quedará a cargo del órgano rector que designe el Poder Ejecutivo “en las condiciones que fije la reglamentación”.
“Hasta tanto entre en vigencia la reglamentación del presente, continuarán vigentes los regímenes de registro y/o inscripción de las personas interesadas en participar en procedimientos de selección regidos por el Decreto Nº 1023/01 y las Leyes Nros. 13.064 y 17.520 y sus respectivas modificatorias”, indicó el decreto en su artículo séptimo.
Las razones de la unificación
En el decreto se indicó que “desde el inicio de la gestión, esta Administración ha tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más los necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.
“En el contexto actual, en el que las políticas de Estado se enfocan en maximizar la eficiencia del gasto público, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”.
Fuente: Diario BAE