"La nueva legislación sobre ART le dará equilibrio al sistema"

Una nueva ley de riesgos de trabajo implicará un reacomodamiento de varios temas que son álgidos, tanto para las aseguradoras como para los empresarios, los trabajadores, los legisladores y los jueces. Luego de varios años de declaraciones de inconstitucionalidad y de demandas por la vía civil, fuera del Sistema de Riesgos del Trabajo, la necesidad de una nueva legislación sobre el tema se hizo patente.

En una entrevista con Aplicación Tributaria S.A., el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola explico todas y cada una de estas idas y vueltas y dejó claro cual será la posición oficial con respecto a las políticas a seguir en esa repartición con respecto a una nueva ley.

¿Cuál es la situación actual de las aseguradoras de riesgo de trabajo y de las empresas en general con respecto a las ART?

Haciendo referencia al decreto que ha sacado hace poco el Poder Ejecutivo, el mismo tiende a llevar a un equilibrio al sistema. Éste da tres tipos de prestaciones: en materia de prevención, en especies, y prestaciones de resarcimiento monetario. Todas ellas se han ido actualizando a valor de mercado excepto las que regulaban el pago de resarcimientos por incapacidades permanentes, que al existir en el texto de la Ley los topes, los mismos que eran relativamente altos, a medida de que los salarios fueron creciendo, se fueron aplicando a salarios cada vez más bajos y en la práctica hizo que esta prestación empezara a ser cada vez más insuficiente y desproporcionada. A esto se le sumó las inconstitucionalidades declaradas a esta Ley y derivó en un incremento de la litigiosidad importante. Este decreto tiende a disminuir esto o por lo menos a disminuir los montos del litigio. Si el tema del seguro es mas amplio en la jJsticia se va a discutir sumas inferiores.

¿A qué porcentaje bajara la litigiosidad o lo que se llamó en algún momento “la industria del juicio”?

En este tema hay diversas cosas. Hay juicios legítimos que tienen que ver con el “pecado original” con el que nació esta Ley que discriminaba negativamente a los trabajadores respecto a su capacidad de resarcir económicamente un daño. Existía la paradoja de que dos personas, una trabajando y otra sin trabajar sufrían un daño igual, la que no estaba trabajando podía conseguir un mayor resarcimiento por la vía civil que lo que pagaba el sistema de riesgos de trabajo. Esto es lo que la Corte Suprema declaró inconstitucional, que la Ley le pusiera un tope e impidiera el acceder a la vía civil. Toda persona que está lesionada y que considera que el sistema no le ha reparado adecuadamente, tiene el derecho de ir a la Justicia. En este caso, las sumas que se discutían en la justicia eran grandes porque los topes estaban desactualizados. Esto no era “industria del juicio”, era acceder a la Justicia. Cuando se habla de “industria del juicio”, creo entender que se habla por personas que hacen prácticas fraudulentas, donde se pretende sacarle dinero al sistema de riesgos del trabajo a partir de inventar enfermedades que no son ciertas. Esto lo estamos viendo desgraciadamente como un práctica que está bastante extendida y es más que intensa en la provincia de Córdoba, por lo cual he tenido en las semanas pasadas algunas charlas con el Tribunal Superior de Justicia manifestándoles mi preocupación, que se sumó a la que ellos tenían, y me dieron el compromiso de iniciar una investigación para evitar estos mecanismos en donde pueden estar involucrados varios profesionales y un circuito de personas en una asociación ilícita y de una falsedad ideológica, además de un mecanismo de fraude procesal. Esto también lo hemos visto en la provincia de Mendoza, hay ya una causa penal investigando este tipo de situaciones. Esta es una de las maneras de bajar una litigiosidad que es anormal, patológica y parasitaria del sistema. En la otra, en la medida que se han triplicado los resarcimientos por incapacidad permanente, nosotros pensamos que van a bajar drásticamente los montos de los litigios, cuando estos litigios se lleven a cabo. En otros casos al ser mejor la indemnización y probablemente el trabajador no opte por la vía judicial y se quede conforme. La otra mitad de la litigiosidad está vinculada también a que esta Ley de Trabajo, tiene un listado de enfermedades profesionales tal vez mezquino, tal vez restringido. En la Justicia se están discutiendo un montón de casos de enfermedades que no están en el listado cerrado, como se el caso de las lumbalgias y la hernias. En varios casos se están convalidando estas enfermedades vinculadas al trabajo. Nosotros estamos en discusión con el Consejo Consultivo la posibilidad de incorporar, cumpliendo determinadas condiciones, estas patologías para que sean asegurables.

¿Cómo impactó en las empresas aseguradoras y aseguradas el aumento de la alícuota, que en algunos casos subió mucho los costos laborales?

Nosotros todavía no lo tenemos medido porque las ART, en primer lugar no pueden cambiar cuando se les ocurre la alícuota, cuando tienen contrato firmado para mantener esos montos, por lo menos durante un tiempo. Sí es cierto que hay un componente importante del sistema que venía retrasado y que por esa razón se pagó menos, pero en ese momento no recibimos la crítica de nadie quejándose de lo poco que se le pagaba a los trabajadores cuando tienen alguna incapacidad permanente. Ahora, al igual que el sistema se actualizó en las incapacidades laborales permanentes y temporarias, se actualizaron los costos de las prestaciones médicas. Nosotros creemos que a la larga, luego de pasar esta transición, en donde el empleador tiene que pagar alícuotas más caras, estsos costos bajarán, porque lo que no pagaba en incapacidades, lo pagaba en juicios. La alícuota tiene un componente por el cual las ART, en los últimos años, se han visto obligadas a previsionar más de $1110 millones que luego eran trasladados a la alícuotas a causa de los juicios que venían por estos resarcimientos “congelados”. Nosotros creemos que en la medida que baje la siniestralidad la alícuota va a bajar en el futuro, pero vamos a tener un período donde se van a acumular los juicios que venían de tiempo atrás más el pago de prestaciones adecuadas actuales y esto va a generar un incremento.

¿Qué comunicaciones han tenido las asociaciones empresariales acerca de la futura ley de riesgos de trabajo?

Nosotros hemos tratado siempre vía el consenso en estos últimos 5 años pero esto resultó muy dificultoso. Yo diría que el problema fundamental es que todavía hay algunos sectores que se resisten a ver que acá hay una postura de la Corte Suprema de Justicia en dónde se ha habilitado la posibilidad de que el trabajador vaya por la vía civil, y que en ese sentido, no va a haber camino de vuelta. Esta Ley, como ya dije, nació con un pecado original donde le mezquinaba al trabajador una indemnización. Esto en la medida que fue declarado inconstitucional, hay aún gente que sueña nostálgicamente en volver a esa situación. Nosotros no podemos sacar otra ley, donde se limite el acceso a la vía civil, y que sea declarada inconstitucional a los 2 años. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener claro que lo que tenemos que legislar tiene que ser dentro del marco normativo y declarado constitucional. En estas situaciones de prever algo que esta ley no tenía previsto en un principio, como es el tema de responsabilidad civil en el último decreto que sacó el Poder Ejecutivo, nos piden desde allí a las Supertintendencia que analicemos la posibilidad de que se generen esas complementarias vinculadas a este tema. Otra de las discusiones es el tema de costos. Es imperativo discutir otro sistema de alícuotas, ya que al día de hoy tenemos un sistema muy abierto, en donde en muchos casos se discrimina a la pequeña empresa. A un mismo nivel de siniestralidad, se cobran alícuotas sustantivamente más caras. Muchos países del mundo tienen sistemas de alícuotas fijas que solo son modificables por los niveles de riego explicitados por la siniestralidad o el riesgo implícito por el no cumplimiento de la normativa con respecto a higiene y seguridad. Nuestra Ley preveía estos 4 niveles y en la práctica se dejó de utilizar. Sería sano volver a utilizar los niveles de riesgo como una política de premios y castigos para los empresarios que cumplen.

Por Angeles Bellomo

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