"La política fiscal a nivel nacional llegó al 2009 muy constreñida por la falta de recursos para financiar un gasto en constante expansión"

En todas las economías se considera de mucha importancia el análisis de tendencias y proyecciones futuras de las principales variables fiscales de los gobiernos locales y de las jurisdicciones que componen sus zonas de influencia.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) se conformó a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales con el objetivo de analizar diversos conceptos vinculados al sector público y a otras problemáticas económicas diversas.

En una entrevista exclusiva, Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, nos habló entre otros temas sobre la función principal que cumple éste organismo y opinó también sobre la política fiscal nacional, la situación financiera actual de las provincias y la implementación del impuesto al cheque.

¿Qué función específica tiene el Instituto Argentino de Análisis Fiscal?

IARAF constituye una institución que tiene como objetivo promover la reflexión y generación de ideas, a través de análisis y estudios acerca de los diversos aspectos relacionados con la problemática económica local, nacional e internacional. Si bien el foco es la economía del sector público, el Instituto está capacitado para abordar (como de hecho lo viene demostrando) temáticas económicas diversas. Nos sentimos profundamente comprometidos a colaborar, desde nuestro lugar y a través de los estudios y debates que logremos generar, con el bienestar común de la sociedad argentina.

¿Cuál fue el motivo fundamental que los llevo a fundar este organismo?

Sentí que había cumplido un ciclo profesional. Estuve 20 años y 3 meses en IERAL de Fundación Mediterránea. La intención fue crear un espacio de debate y generación de ideas más ligada a la economía del sector público, al menos en un primer momento.

¿Qué opina de la política fiscal nacional?

La política fiscal a nivel nacional llegó al 2009 muy constreñida por la falta de recursos para financiar un gasto en constante expansión. La existencia de 5 años de crecimiento elevado de los ingresos no fue aprovechada para realizar las reformas que ese auge permitía, y que la crisis de los pasados meses desnudó: gasto rígido a la baja, estructura tributaria distorsiva, excesiva concentración de los recursos tributarios a nivel nacional en desmedro de las provincias, falta de acceso a los mercados de capitales.

¿A que se refiere cuando habla de “discriminación impositiva al sector comercial”?

Discriminación impositiva es el término que eligió la Cámara Argentina de Comercio para reflejar la realidad impositiva del sector que surgió de un trabajo muy importante que realizó IARAF durante todo 2009. No es un término que fue elegido por mí. Resumidamente, en dicho estudio se encontró que, en comparación con una muestra de 7 países (dentro de los que se incluyen a vecinos como Chile, Brasil y Uruguay), la carga tributaria que se ejerce en Argentina sobre el comercio es la mayor de toda la muestra seleccionada, existiendo diferencias significativas con otros países. Por ejemplo, la presión tributaria sobre el comercio en Argentina es un 60% más elevada que en México, un 94% más que en Chile, un 82% más que en Brasil, un 85% más que en Uruguay, un 68% más que en España, y un 5% y un 70% más alta que la presión sobre el comercio minorista y mayorista, respectivamente, que se aplica en EEUU. La causa de esta mayor presión existente en Argentina, además de ser consecuencia de alícuotas impositivas elevadas, proviene de la estructura de financiamiento de los diferentes niveles del estado. Claramente, el sector se siente discriminado.

Nadin Argañaraz es el Presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal

¿Cuál es la situación financiera actual de las provincias?

La situación financiera de las provincias es complicada. Por un lado sus ingresos se reducen por la doble vía de que por una parte recaudan menos de lo esperado por tributos propios fuertemente ligados al nivel de actividad (como Ingresos Brutos que representa casi el 70% de la recaudación en casi todas las provincias), y por otro lado reciben transferencias de coparticipación que evidentemente están teniendo un freno dada la baja performance recaudatoria a nivel nacional. A esto se le agrega que, fruto de sus responsabilidades de gasto - intensivas en el uso de empleo público (educación, salud, seguridad), enfrentan una presión muy fuerte por el lado de los gastos en personal, cuyas demandas de actualización están ligadas a la inflación y no a la recaudación.

¿Qué regiones son las que en este momento presentan el escenario más complejo?

Yo diría que la mayoría de las provincias tuvieron durante 2009 un gasto efectivo superior al presupuestado e ingresos efectivos menores a los presupuestados. Allí aparece el déficit fiscal y los problemas financieros. Me preocupa la situación provincial como un todo.

¿Cuál es su opinión con respecto al “impuesto al cheque”?

El impuesto al cheque es un tributo distorsivo y que incentiva la informalidad en las operaciones económicas. Su instauración en 2001 obedeció a una situación de emergencia y resultó factible dada su relativamente fácil administración tributaria. Pero de temporario pasó a formar parte de un componente estable de la estructura tributaria en nuestro país, de modo tal que su eliminación traería aparejado un importante costo fiscal. Esto obliga a pensar en un esquema de reducción gradual del mismo, posiblemente aprovechando su existencia para mejorar la información acerca de los contribuyentes en un esquema en el que se lo vuelva a tomar como pago a cuenta de otros tributos.

Además, su baja coparticipación con las provincias (sólo el 15% de lo recaudado se transfiere a las mismas) contribuyó al incumplimiento de los criterios de reparto establecidos en la Ley de coparticipación. No obstante esto, se debe ser muy cuidadoso con las propuestas de reparto de impuestos como el de cheques o las retenciones, que podrían terminar legitimando y haciendo más rígida una estructura tributaria que considero no es la óptima para una economía que pretenda operar normalmente.

¿Piensa que la “Asignación Universal por hijo” es un paso para reducir la pobreza?

La asignación por hijo seguramente reducirá los números de la pobreza y la indigencia, como lo establecimos en un informe propio acerca del tema. Sin embargo, el instrumento elegido no está diseñado como para implicar la generación de incentivos fuertes para que el resultado no sea de corto plazo. La clave tiene que ser la generación de las condiciones adecuadas para que halla mayor actividad económica formal y mayor empleo formal.

En general, las políticas más exitosas para disminuir la pobreza tienen que ver con la creación de capacidades de los individuos. El decreto de la asignación prevé como requisito el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios y la concurrencia al sistema público de enseñanza. De esta manera, se incrementaría el capital humano del niño, y se mejoraría su estado de salud, particularmente en los sectores de menores ingresos, y se lograría comenzar a romper con los vínculos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, en términos prácticos, no está claro si el 80% del subsidio que se entrega mensualmente se le retirará a quienes no cumplan con los controles de escolaridad y salubridad requeridos, creando fuertes desincentivos a que los padres cumplan con los mismos, que son el punto neurálgico de la asignación.

Finalmente, esta medida podría llegar a tener aspectos negativos sobre la participación en el mercado laboral de los padres o tutores, particularmente en las familias de menores recursos, cuya composición familiar normalmente cuenta con un elevado número de hijos. Por lo tanto, sería deseable que la medida se mantenga por un plazo no demasiado largo, ya que puede causar cierto acostumbramiento en la población atendida.

Por Angeles Bellomo