"Seguridad Pública": Una interesante obra que invita al lector a reflexionar

La Editorial Aplicación Tributaria publicó recientemente el libro "Seguridad Pública", una obra del Dr. Carlos Pérez Galindo con la colaboración de la Dra. Fabiana A. Barrera.

En este nuevo ejemplar, Perez Galindo realiza un interesante desarrollo sistémico de la seguridad pública y sus claves institucionales, jurídicas, económicas, culturales, cientificas y sociales de este tema, que se ha transformado hoy por hoy en una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina.

En una entrevista exclusiva con eLeVe, el autor nos acerca los temas que desarrolla en este libro que invita al lector a reflexionar.

¿Qué lo llevó a escribir sobre este interesante tema como es la seguridad pública?

Hemos realizado este trabajo que aborda la etiología de la problemática de la inseguridad pública, así como la de las terapias que debieran aplicarse en forma urgente para superar este auténtico drama nacional que es la inseguridad y sus consecuencias cotidianas, por tres motivos a saber:

En primer lugar porque se trata de uno de los problemas más graves y que más preocupan a los argentinos en general, y respecto del que consideramos que es tan trascendental su importancia para la ciudadanía, que bien podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que aquel dirigente político o funcionario que acertase en el diagnóstico de manera integral, y luego tuviese los conocimientos y el valor suficiente para aplicar las políticas públicas y medidas que se necesitan adoptar para superar este flagelo, y que por lo tanto pudiese lograr que retornamos a los índices de seguridad pública de cinco décadas atrás, políticas que modestamente consideramos que no pueden ser demasiado distintas a las que proponemos en nuestra obra, tiene asegurado de antemano el triunfo en cualquier contienda electoral en la que se presente en el futuro, ya que resultaría imbatible.-

Entendemos que una sociedad como la nuestra tan angustiada y hasta desesperada por el tema de la seguridad pública, lo elevaría a una suerte de pedestal de prócer civil.- Y esto resulta ser así ya que sabemos perfectamente con apoyatura en estudios serios y profundos realizados por nosotros en el “terreno”, que la mayor prioridad para la ciudadanía actual, por encima de cualquier otra cuestión política, social, laboral, económica o cultural, sería poder retornar cuanto antes al estilo de vida seguro, tranquilo y pacífico del que gozábamos otrora, y que lamentablemente perdimos como consecuencia del flagelo de la inseguridad, y lo que resulta todavía más grave, de la denominada “sensación de inseguridad”, que es ese sentimiento generalizado de temor, angustia, y zozobra permanente que padecemos y sentimos todos y cada uno de los habitantes argentinos en forma cotidiana por lo que pudiese sucedernos a nosotros o a nuestros sus seres queridos como consecuencia de plantearnos como hipótesis la mera posibilidad de poder ser víctimas de delitos dolosos o culposos, a cualquier hora, en cualquier momento y lo que es peor en cualquier lugar, sentimiento que se padece todos los días, aunque al final de cuentas nos haya sucedido nada malo.-

En segundo término hemos abordado la cuestión porque advertimos que ningún supuesto especialista en la materia, de los tantos que hemos padecido como funcionarios, o de esos tantos otros que pululan por los programas de la televisión vernácula, pareciera conocer cuales son las raíces del mal y sus únicas soluciones posibles, por lo que resulta que los diagnósticos y hasta recomendaciones y propuestas que suelen presentar confundiendo a la gente, cuando no absurdas, resultan inútiles y a veces hasta desopilantes por lo ridículas, situación que nos hace conjeturar que o no conocen nada acerca de las causas del problema de la inseguridad que padecemos, y mucho menos respecto de las soluciones que debieran instarse, y por así decirlo “tocan de oído”, o en su defecto forman parte del problema, puede que por mantener algún tipo de vinculación con esos intereses nefastos que pretenden que todo siga, al menos como está ahora.-

En tercer término nos hemos avocado a realizar este trabajo, porque consideramos que el más elemental análisis de la situación nos lleva a la conclusión, de que resulta ingenuo, por decir lo menos, el suponer que de no adoptarse las medidas y políticas correctas, las cosas van a permanecer igual, y que hasta habría que acostumbrarse a sufrir estos niveles de inseguridad, ya que lo cierto y real es que enfrentamos un conflicto creciente y dinámico, de crecimiento geométrico de acuerdo a los parámetros de la denominada “sección aurea”, como lo es todo proceso “viviente”, producto resultante de la crisis sistémica del capitalismo depredador que está “tocando fondo”, el que de no ser superado, en pocos años va a alcanzar niveles muchos más dramáticos que los actuales, al punto tal que, de no hacerse ya mismo lo que corresponde, en cinco años vamos a alcanzar un punto de “no retorno”, en el que vamos a considerar que padecer los niveles de inseguridad que tuviésemos que soportar por ejemplo en el curso del año 2010, en comparación con que los que tendremos que sufrir en el 2015, sería un “descanso” o algo por el estilo a estar gozando de unas placenteras vacaciones en “Disneyland”.-

¿Cuáles son los principales temas que desarrolla en el libro?

En la obra hemos realizado en primer término un análisis del cuadro de situación, para que el lector, ya se trate de un estudioso en la materia o una persona común de la calle, pueda saber en forma simple y con un lenguaje cotidiano y accesible a todos, cual es el panorama que enfrentamos, y cuales son las causas, y mecanismos del delito, cuales son los “actores”, “directores”, “libretistas”, “apuntadores”, “tramoyistas”, “personajes de reparto” y hasta “extras”, que intervienen en esta trama siniestra que nos hace padecer “funciones” ininterrumpidas, y cuales son los motivos de esa impunidad, muchas veces asegurada de antemano por las “fuerzas del orden”, que son las que en definitiva fomentan e instigan el crecimiento permanente y exponencial de la delincuencia.-

Todos los estudios realizados en todo el mundo sobre esta cuestión, coinciden en algo, y se trata de que esta probado hasta el hartazgo que lo único que disuade o en la hipótesis contraria fomenta el delito, el es mayor o menor grado de inexorabilidad de la condena del delincuente, por mínima que esta pudiese ser.-

Por lo tanto con altos niveles de expectativa de impunidad en la mente del delincuente, es decir con niveles de indemnidad como los que hoy tenemos que soportar en la Argentina, dentro de los cuales, y ante la comisión de un delito cualquiera, no podamos descartar que sea el resultado de un negocio “pactado” de antemano, y cuando menos todavía podamos descartar que los “problemas” que se le puedan presentar a un delincuente ante la eventualidad de ser atrapado, puedan ser “solucionados” con la policía, sin necesidad de tener que pasar por los estrados, mayor será cada día el índice de criminalidad, mientras que por el contrario cuanto más elevado sea el nivel de inexorabilidad de imposición de pena que pueda representarse mentalmente el malhechor real o potencial, dicho en términos coloquiales, mientras más alta sea la probabilidad que amenace al delincuente con poder ser “atrapado”, y en consecuencia de ello encarcelado y condenado por la Justicia, sin posibilidades de “arreglo” ni “negocio” de ningún tipo, menor será el índice de inseguridad.-

En razón de lo expuesto, resulta una realidad indubitable, que con policías corruptas, que aseguran “zonas liberadas” y que “pactan” con los delincuentes, y que hasta fomentan el delito a cambio de una tajada en las “utilidades”, no hay política de seguridad nacional que aguante y todo discurso que se haga y cualquier propuesta que se presente, por más inteligente que pudiese ser, resultará igualmente estéril y absurda.-

En la segunda parte de la obra hemos presentado nuestras propuestas, que exigen antes que nada la neutralización de las “cajas policiales” y el fin de la corrupción generalizada en las fuerzas policiales y de seguridad, ya que lejos de disuadir, prevenir, y reprimir el delito, en los últimos veinte años como mínimo, no han hecho otra cosa que fomentarlo, instigarlo, y asegurarle a los delincuentes de todos los niveles, la más absoluta impunidad .-

Sin embargo la eliminación de las denominadas “cajas policiales”, con sus consabidas corrupciones de los tristemente célebres “cortes de boleto”, “quintas” y “habilitaciones” de las que hacemos precisa mención en nuestra obra, no resulta suficiente por sí sólo, ya que para gozar de un óptimo nivel de seguridad pública como el que pretendemos, tenemos que retornar cuanto antes y de la mejor manera posible al paradigma político, social y cultural de la Constitución Nacional, el que exige que, como ya lo decía Sarmiento “educar al soberano”.-

Para gozar de los beneficios de la seguridad pública deviene indispensable que tengamos una ciudadanía mejor y más comprometida con la democracia y el sistema republicano de gobierno, que alcance en pocos años un mucho más elevado nivel cultural, y de ser posible guarismos de excelencia educativa, con valores positivos y democráticos debidamente internalizados en su conciencia.-

Estos valores, no se pueden aprehender en forma espontánea y natural, sino que deben serle inculcados a la ciudadanía desde la más tierna infancia.-

El ciudadano tal como lo garantiza la Constitución Nacional tiene que contar con un determinado nivel de vida, una vivienda digna y trabajo asegurado, pensión a la vejez para todos, sin exclusiones, y claro está que debe gozar de un nivel de desarrollo cultural, económico y social que lo torne posible, lo que exige mejoras dramáticas en el nivel educativo, y además la implementación de políticas superadoras, que implican cuestiones tales como mejores programas contra la desnutrición infantil, la creación de nuevos institutos de excelencia para los menores judicializados, y desencadenarse una lucha sin cuartel contra la drogadicción, con tratamiento obligatorio para los adictos sometidos o no a proceso penal.-

Por supuesto que entre nuestras propuestas, está además la necesidad de promover mucho más el deporte, pero no como espectáculo, con los jóvenes sentados frente a “la caja boba”, que es lo que se ha promovido en los últimos treinta años, sino como hábito activo y natural de nuestros jóvenes, ya que, resulta cierto que, “… más deporte es menos vicio”.-

También recomendamos cambios en la arquitectura policial, ya que debiera desdoblarse la policía federal actual que está sobredimensionada y por lo tanto es una suerte de “elefante blanco”, por un lado en una policía federal de investigaciones que esté presente en todo el país, por supuesto que sin abandonar la Capital Federal, y además de una policía nacional de seguridad que nada tenga que ver con el tema de las investigaciones judiciales por la comisión de delitos y si con la custodia de funcionarios y edificios de los tres poderes que componen el gobierno federal, así como de los aeropuertos y las terminales.-

También proponemos la creación de policías municipales de proximidad de dimensión mínima extendidas en todo el territorio de la Nación Argentina, una por cada partido o departamento, las que tienen que ser solventadas por cada comuna o municipio por medio del pago de una tasa de seguridad, pero sin que paralelamente dejen de actuar las distintas policías provinciales como hasta ahora, para la disuasión, prevención, y represión de los delitos de mayor envergadura.-

Para la lucha contra el crimen organizado y los denominados delitos federales y complejos, hay que asegurar la presencia de la policía federal de investigaciones en todo el territorio nacional, ampliando, multiplicando y dotando de mayor personal e infraestructura a las delegaciones que tiene la actual policía federal en todo el país.-

Entendemos que se tiene que terminar con el problema actual de que un delincuente resulta liberado por haber sido excarcelado y/o por haber cumplido su condena, y en la Argentina nadie sabe que ha sido de su vida, pese a que no puede ignorarse, que es muy difícil que, por así decirlo un asaltante de bancos, al egresar de prisión pase a dedicarse a “vender cubanitos” en la puerta de un estadio de fútbol, o a ofrecer “estampitas de San Cayetano” en la puerta de alguna iglesia.-

A los efectos de una adecuado control de los excarcelados, liberados o egresados de prisión en general, tienen que crearse y la mayor brevedad, y dentro de las filas de cada una de las policías nacionales, provinciales y comunales, cuerpos de oficiales de supervisión de liberados o de “probation”, de forma tal que todo ciudadano que ofrezca o haya presentado fundadamente algún peligro para la sociedad, sea debidamente monitoreado y controlado por esos cuerpos de oficiales de supervisión de liberados a crearse con personal especializado y debidamente entrenado en la materia, el que tiene que tener, sin afectar de modo alguno los derechos constitucionales del “supervisado”, tanto la obligación de controlar y denunciar cualquier situación de peligro para la ciudadanía en la que pudiese incurrir el “liberado” o egresado de una prisión, como la de proteger al éste de cualquier abuso de autoridad o posibilidad de ser “entrampado” o “perseguido” ilegalmente como consecuencia de sus antecedentes o su pasado, debiendo además ocuparse este cuerpo de gestionar la solución de todos y cada uno de los problemas que pudiesen presentársele al egresado de prisiones o procesado dispuesto a rehabilitarse, ayudándolo a conseguir documentos, trabajo y/o vivienda, y en su caso hasta gestionándole un subsidio hasta que consiga un trabajo digno y bien remunerado.-

Esto hay que hacerlo con el propósito de evitar por todos los medios a nuestro alcance que la persona que egresa de una prisión y/o que se encuentre excarcelada reincida, fomente, asesore, encubra, o colabore de cualquier modo en la comisión de nuevos delitos, con todo el daño moral, material y en vidas humanas que ello que le cuesta a la ciudadanía.-

También recomendamos cambios en la administración de justicia, entre ellos el de la implementación del “Juicio por Jurado”, que en realidad es el que ordena la Constitución Nacional y que no ha sido aplicado hasta ahora, ya que hay muchos intereses creados para poder manejar la sedicente punición con “pactos”, “arreglos” y “amiguismo”, de manera discrecional, y claro está que al margen de lo dispuesto por las sabias leyes de la República.-

En la última parte de nuestra obra efectuamos recomendaciones para el logro de un desarrollo económico que torne posible el financiamiento de esas mejoras estratégicas que hacen antes que nada a la Seguridad Nacional y la vigencia de nuestro sistema constitucional, democrático y republicano de vida.-

En nuestra Constitución Nacional tenemos un mandato, el de promover el “bienestar general”, y eso hace a la seguridad pública nacional. Para ello hay que cumplir con el mandato constitucional de realizar grandes obras públicas, promover la investigación científica y tecnológica, y elevar exponencialmente el nivel cultural y social de la población, ya que sin esas “tres patas” de desarrollo imprescindible, resulta imposible que a la larga podamos gozar de un nivel de seguridad pública aceptable.-

¿Cuál sería el nuevo paradigma de la seguridad pública?

Es una pregunta muy interesante, ya que paradigma, significa ejemplo o ejemplar, y aquí tenemos por un lado un paradigma, un ejemplo de lo que es nuestro paupérrimo nivel de seguridad, mientras que por el otro lado presentamos un paradigma de lo que debieran ser las cosas, si cumpliésemos a rajatabla con las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional.-

Hoy lo que tenemos a la vista de manera cotidiana, es la comisión impune y descarada de todo tipo de delitos, arrebatos, robos, asaltos, homicidios, secuestros, venta de estupefacientes por doquier, con la mayor parte de los malhechores gozando de una inexplicable indemnidad, lo que constituye una realidad que se ha instalado entre nosotros como consecuencia de la corrupción y la ineficiencia policial y judicial desde hace muchas décadas.-

Con una población altamente tensionada como consecuencia residual de las políticas económicas de “destrucción controlada de la economía” aplicadas, con pequeños “descansos” desde 1955 hasta fines del año 2003 por los agentes vernáculos de grupos financieros internacionales que saquearon la nación, y que produjeron lo que hoy todavía podemos ver, una población decadente, “estupidizada”, esclava, y sometida, cuyo desahogo principal es el espectáculo televisivo banal y trivial, el que genera masas de jóvenes incapacitados para labores complejas, o peor aún, “vagos y mal entretenidos”, sin expectativas de ningún tipo, y con niveles culturales paupérrimos, con este panorama de ingente “producción de brutos”, y con un alto nivel de analfabetos funcionales como los que tenemos a la vista, es absurdo hablar en serio de planes para combatir la inseguridad pública.-

Afortunadamente en los últimos siete años, es decir desde fines de 2003 hemos tenido, paulatinamente por cierto, un cambio exponencial en cuanto a políticas económicas, ya que se abandonó el veneno neoliberal, y se adoptaron medidas muy positivas, con la puesta de marcha de nuevas obras públicas, el aumento del nivel salarial de los trabajadores activos y pasivos, la supresión de las sinistras AFJP, el pago de cierta porción de la deuda externa, la veda al ingreso de capitales meramente especulativos, o medidas francamente maravillosas como lo es la denominada “Asignación Universal por Hijo”, iniciativas políticas que desencadenaron algunos cambios altamente positivos que los argentinos estábamos esperando desde hacía décadas.-

Sin embargo, no nos engañemos, falta mucho, hay mucho por hacer, recién, por decirlo de algún modo “estamos saliendo del horno” y para despegar definitivamente, antes que nada hay que crear conciencia en la población de que hay que profundizar el nivel de desarrollo que tenemos, y además, por así expresarlo “democratizar la democracia”, elevando el nivel cultural y educativo de la población, promoviendo el compromiso y la participación popular por medio de la militancia responsable, y generando un mayor grado de progreso científico y tecnológico, y para ello hay que contar entre otras herramientas con mayores recursos, que bien podrían provenir de aplicar políticas hamiltonianas, es decir de realizar el financiamiento de grandes obras públicas y la construcción de millones de viviendas en todo el país, a través de la emisión de dinero por parte de un banco nacional soberano, destinado a la producción, lo que en lugar de generar inflación, exige permanentemente una mayor necesidad de emisión de dinero, ya que el valor de los bienes creados siempre resulta superior al del capital emitido para producirlos, lo que provoca en definitiva un círculo virtuoso del desarrollo y progreso.-

Hoy emitir dinero con el genial sistema ideado por Alexander Hamilton, que es el que permitiese el crecimiento espectacular que tuviesen los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1790 y también el de Japón, sería imposible, ya que no existen cambios de moneda fijos y estables y por lo tanto la emisión de moneda generaría una espiral hiperinflacionaria.-

Es por ello que la Argentina, actuando dentro del marco del MERCOSUR, debiera prioritariamente instar a nivel internacional, el establecimiento de una nueva arquitectura monetaria y financiera mundial, promoviendo una suerte de nuevo Acuerdo de “Bretton Woods” que establezca un sistema monetario de cambios o paridades fijas, que nos permitan emitir moneda nacional soberana, y además de ello la imposición de una nueva ley “Glass Steagall” como la que aplicase Franklin D. Roosevelt para poder superar la crisis de 1929 en los Estados Unidos de Norteamérica, pero ahora a nivel internacional, de manera que se borre toda esa deuda ficticia de los derivados financieros y del “casino mondiale” de las finanzas internacionales.- Esto debe hacerse cuanto antes para que el dinero, deje de ser un fin en si mismo, y pase a ser tan sólo uno de los tantos instrumentos a ser utilizados para la producción, la promoción del intercambio, la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, y el progreso.-

Entre las grandes obras públicas que proponemos como ejemplo de lo que debe hacerse ya mismo, está la construcción de trenes de levitación magnética, que son el transporte del futuro, la construcción de obras como la denominada Paraná Medio que generaría electricidad y permitiría la navegación de buques de gran calado desde el Río de la Plata hasta un nuevo gran puerto del norte del Paraná, a crearse en las proximidades de la Ciudad de Resistencia, y claro que obras ideadas hace décadas pero jamás realizadas, tales como la canalización del río Bermejo, y la construcción de canales desde el río Paraná hacia el oeste, para llevar agua hacia zonas fértiles pero hoy desérticas por falta de agua, proyecto ideado años atrás por el célebre ingeniero civil Adolfo Mochkofsky, con lo que podríamos crear una nueva Pampa Húmeda en el norte argentino, lo que nos permitiría en pocos años triplicar la producción de granos.-

Realizar todas estas grandes obras públicas, proyectadas hace décadas, y ya impostergables, obras que modificarían la biosfera y hasta la “noosfera” de manera monumental en toda sudamérica, no implicarían más que cumplir con el paradigma que dispone la Constitución Nacional, cuando nos ordena “…promover el bienestar general”, bienestar general que nos exige entre otras cuestiones cumplir con lo normado el art. 14 bis o el art. 75 incs. 18 y 19 de la Constitución Nacional.-

Ese el de las políticas ordenadas desde antaño por nuestra Constitución Nacional, y no otro, es el eje de nuestras propuestas de lucha por un cambio del paradigma cultural, y tan sólo con la luz y con el fuego de esa lucha eterna por imponer ese paradigma, que reitero es el de la Constitución Nacional, recién podremos gozar de un creciente y sólido nivel de seguridad pública como el que anhelamos.-

¿Existe un cambio de los valores éticos en este nuevo contexto?

Desgraciadamente no, ya que las políticas de “destrucción controlada de la economía” y de la “decadencia de la cultura nacional” con que fuimos sometidos durante décadas para inculcar la degradación y el pesimismo cultural y así tornar posible la aplicación de las políticas de saqueo y sometimiento del orden mundial, digitadas desde los centros internacionales de poder, produjeron estragos que no se pueden revertir de un día para el otro.-

Así como la “deconstrucción” y la decadencia llevó décadas para poder ser impuesta, la resurrección y el restablecimiento moral y cultural del pueblo argentino puede llevar años.- Pero hay que empezar ya, o mejor dicho profundizar los cambios hechos hasta ahora, ya que existen signos, como por ejemplo la puesta en marcha de un canal de televisión como “Encuentro” por el Ministerio de Educación, el resulta a mi entender un hito trascendental en la lucha por el cambio de paradigma cultural que soñamos los argentinos.- Y lo ideal para profundizar esos cambios, como en todos los órdenes de la vida, es comenzar por el principio, es decir por los niños desde los jardines de infante y las escuelas primarias, inculcándole los valores que requiere una sociedad mejor.- Para ello, además de las iniciativas individuales y espontáneas que siempre son bienvenidas, habría que sancionar una ley nacional que disponga el dictado de una materia obligatoria en todos los niveles de enseñanza para instruir a los educandos en valores, responsabilidad ciudadana y “deberes humanos”, que son el correlato y “…la otra cara de la moneda” de esos derechos humanos o derechos inalienables de la persona humana, que deben garantizársele y concedérsele a todos los habitantes de manera irrestricta e igualitaria, sin distinción de nacionalidad, religión, creencia, opinión política, o étnica de origen.-

Hay que comenzar a instruir a los niños sobre sus derechos civiles y políticos, y claro que sobre los derechos humanos que tienen garantizados por el sólo hecho de habitar el suelo argentino.-

Pero también hay que enseñarles cuales son sus obligaciones, deberes y responsabilidades, inculcándoles la obligación de instruirse, de aprovechar el tiempo y las oportunidades y de mejorar, es decir inculcarles el “carpe diem” (aprovecha el día), y también a no discriminar a nadie, a practicar la cultura de la tolerancia, de la no agresión, del respeto por el prójimo, la de la solidaridad, la de la fraternidad, la de la cooperación, el culto al estricto cumplimiento de sus obligaciones, para con su familia, para con sus amigos, para con su comunidad, y para con nuestra patria argentina y para con la patria grande latinoamericana que soñaron los grandes libertadores de América, como José de San Martín, Gervasio de Artigas, Simón Bolivar, Antonio José de Sucre, Benito Juarez y tantos otros beneméritos de América.-

Deviene fundamental que la ciudadanía haga un culto del compromiso y de la militancia responsable, pero desarrollada con respeto a la ley, al prójimo, y a las autoridades.-

Hay que desarrollar en la ciudadanía el compromiso por la aplicación y la defensa a ultranza de la Constitución Nacional, ya que una sociedad republicana y democrática superior, requiere de ciudadanos comprometidos y responsables, que no crean ingenuamente que su participación debe limitarse a votar cada dos años para elegir a sus representantes, sino que sepan que la construcción de una sociedad y un mundo mejor exige de un esfuerzo cotidiano y permanente de todos.- Este tema de la enseñanza de los “Valores” resulta de tanta preocupación y urgencia para muchos ciudadanos responsables, que en la actualidad existen algunos medios periodísticos y hasta periodistas que a título personal y/o por medio de organizaciones no gubernamentales han ideado una iniciativa tendiente a juntar un millón de firmas para lograr la sanción de una ley que imponga la enseñanza obligatoria y curricular de una materia que enseñe y transmita la importancia de los “Valores”.-

Entre ellos deviene oportuno destacar el programa “Pasaporte Cultural” que se emite por A.M. 830 y F.M. 104.7, así como por Canal 21 y por Canal “Metro”.- Esta iniciativa que entendemos valiosa, es difundida también desde la página web www.pasaportecultural.org.-

¿Cómo influye la situación económica actual en el notable crecimiento de índice de inseguridad?

Es otra pregunta muy interesante, ya que muchos estudiosos sobre la cuestión y también algunos dirigentes políticos que me consultan sobre el tema me manifiestan que pareciera contradictorio afirmar que la crisis de inseguridad proviene de la marginalidad y la exclusión social, cuando en los últimos años ha aumentado significativamente el producto bruto interno, el salario, y ha disminuido notablemente el índice de desocupación y sin embargo los índices de criminalidad y la violencia criminal no dejan de crecer.-

En realidad no hay contradicción alguna, ya que el proceso de pauperización y exclusión social iniciado desde 1955 en adelante, promovió, especialmente a partir de 1976, con la llegada al poder de la más sanguinaria de todas las dictaduras que padeciésemos en toda nuestra historia, conductas disvaliosas, y hábitos corruptos, mientras que paralelamente inauguró auténticas “canteras” de mano de obra propicia y barata para delinquir, que, como no podría haber sido de otro modo, ha sido aprovechada por todo un entramado de policías corruptos, en actividad y retirados, que son los que en los últimos veinte años y “monedas”, lejos de reprimirlo, han fomentado, pergeñado, y lucrado con el delito, quedándose generalmente con la “mejor tajada” del botín.-

Por lo tanto por mucho que haya aumentado el producto bruto interno, el salario y disminuido la desocupación en los últimos siete años, si no se le pone punto final y definitivo a la corrupción policial, es decir a las “cajas policiales” que anteponen la mera “recaudación” al cumplimiento de sus obligaciones funcionales y que por lo tanto debido a su necesidad de “acopiar dinero” se encuentran obligadas a fomentar, promover e instigar el delito para poder “pelechar”, y si simultáneamente no se neutralizan y desactivan las “canteras” de jóvenes delincuentes, o “pibes chorros”, quienes con el tiempo si tienen la suerte de no morir en el intento se irán convirtiendo en “profesionales del delito”, resulta imposible creer que los índices de criminalidad puedan retraerse, ya que creadas las condiciones para que vivamos el “pandemonium” que estamos teniendo que soportar, que ha sido el producto resultante de una tarea que demandó décadas, resulta ingenuo, por lo menos, el suponer que todo podría arreglarse de un día para el otro, y máxime si no se genera una nueva arquitectura cultural y de seguridad que neutralice a los agentes del delito y demás asociados y “socios ocultos” que lucran y recaudan todos los días con este siniestro estado de cosas.-

La creación del Ministerio de Seguridad, y la designación de las Dras. Nilda Garre y Cristina Caamaño Iglesias País en las mayores responsabilidades en la materia, resulta algo sumamente auspicioso, una auténtica bocanada de “aire fresco”, ya que se evidente que mientras ambas permanezcan en sus cargos está asegurada la transparencia, la honestidad, y la lucha a fondo contra la corrupción policial y el cese absoluta de la “recaudación” por medio de las denominadas “cajas policiales”, que es algo que además de protervo, desnaturaliza la mismísima función y sentido de ser de las fuerzas policiales, ya que para recaudar cada día más, en lugar de disuadir, prevenir y reprimir el crimen, se debe promover, fomentar y encubrir toda la amplia gama de las actividades criminales, y lo que resulta más tremendo todavía, se destruye la esencia de las instituciones, puesto que a la hora de tener que promover cuadros de jefes y oficiales para sus ascenso a mayores responsabilidades, vemos que en los últimos veinte años se ha ponderado más que ninguna otra cuestión la capacidad “recaudadora” del mencionado “cuadro”, situación que ha exigido “descartar” y “cesantear” a cualquier jefe u oficial que por ser honesto y responsable, pudiese ser reacio o contrario a participar en esas prácticas corruptas y deleznables.-

Estas flamantes funcionarias ya han hecho una auténtica limpieza de malhechores situados en las altas esferas de la Policía Federal Argentina, algunos cuya única habilitad pareciera que era el encubrir los delitos, y “recaudar” dinero en forma ilícita, extremo que les exigía, sino fomentar y promover directamente, cada uno desde sus funciones, la comisión de todo tipo de hechos delictivos, al menos saber “mirar para otro lado” encubriendo los más siniestros hechos delictivos que podamos imaginarnos.-

Pero, es obligado decirlo, falta mucho, recién comienza la lucha por depurar la Policía Federal y las demás fuerzas de seguridad y hacer que estas dejen de ser “cuerpos mafiosos” y entes funcionales al delito, y si no se sanciona penal y administrativamente a los responsables de lo sucedido en los últimos veinte años en la Policía Federal y demás fuerzas de seguridad, si no se pone al descubierto y se degrada a los responsables de tanto desastre institucional, y si no se esclarecen las responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la década de los años 90 y conocidas gracias al célebre “Informe Rafecas” que pusiese al descubierto cientos de casos de procesos criminales “fraudulentos” o “inventados”, todos fraguados por la Policía Federal Argentina con artificios deleznables ideados para simular un supuesto “éxito” en la lucha contra el delito, ello mediante investigaciones administrativas serias y a fondo que permitan detectar toda la cadena de responsabilidades, que va desde los ejecutores hasta los ideólogos y encubridores de todo lo sucedido, es decir si “el crimen no paga”, y si una vez más damos vuelta la hoja y “no pasa más nada”, en poco tiempo todo puede volver a la “normalidad” de las “cajas”, “los cortes de boleto”, “las quintas”, “las habilitaciones”, “las zonas liberadas” y la “recaudación ilegal” como único y exclusivo objetivo y preocupación de los cuadros policiales, situación que como dijésemos torna imposible cualquier posibilidad de implementar políticas de seguridad serias y permanentes.-

¿Cuáles serían las claves para implementar una nueva política que conlleve a mejorar la seguridad pública y jurídica?

Las medidas y políticas que deben aplicarse para ponerle fin a la descomposición institucional que padecemos están desarrolladas en el libro, y las hemos resumido a lo largo de las respuestas brindadas precedentemente, pero la clave fundamental, tanto para superar el problema del “imperio de las mafias”, generado tanto por la corrupción policial como judicial, es el cambio de la mentalidad imperan te en las filas policiales y en los estrados judiciales, que es en cierta medida la de una filosofía o concepción malsana y oligárquica, en la que impera el “amiguismo”, es decir el nepotismo, y claro está que la reciprocidad en el intercambio de “favores”, y por supuesto que la codicia, lo que resulta desde todo punto de vista incompatible con el Estado de derecho republicano y democrático, ya que con la vigencia de estos principios no puede existir ni Estado de derecho, ni tampoco igualdad ante la ley, y además nos conduce del sistema democrático que debiese regirnos, al imperio de su antítesis, el sistema plutocrático.-

Resulta oportuno recordar que siendo profesor en la Universidad de Jena, Friederich Schiller, el célebre filósofo y dramaturgo alemán, sostenía que la historia de los últimos dos mil quinientos años de civilización europea, podían resumirse en la lucha permanente entre dos corrientes filosóficas antagónicas e irreconciliables, la tradición oligárquica de la Esparta de Licurgo, y la republicana de Solón de Atenas, confrontación que tal como Schiller considerase en el siglo 19, proseguiría hasta nuestros días.-

Nosotros en Argentina, como no podríamos ser la excepción estamos inmersos en el mismo combate entre dos tradiciones incompatibles, por un lado hemos sancionado una nueva Constitución Nacional en 1994, hemos incorporado a su economía garantizadora normas como el Pacto San José de Costa Rica, o la Convención contra la Tortura, o la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero por el otro hemos dejado en funciones a funcionarios policiales, fiscales y jueces, que ingresaron a sus carreras en tiempos de la dictadura, recomendados por parientes y amigos vinculados al poder, o a personajes ideológicamente afines a los “mandamás” de aquellos tiempos.-

Por lo tanto, consideramos que estamos ante una situación francamente esquizofrénica, ya que teóricamente gozamos de los beneficios de normas procesales y de fondo garantizadoras a ultranza de los derechos humanos, pero como insólita compensación confiamos su aplicación a magistrados, fiscales y funcionarios policiales que repudian dicha normativa, desprecian profundamente a los que las promueven, e ignoran olímpicamente a los que pretenden hacerlas valer en los estrados.-

Gozamos de una legislación de avanzada, pero padecemos de magistrados, fiscales, funcionarios policiales, y hasta docentes universitarios, que ideológicamente se sienten consustanciados con principios oligárquicos, que como puede verse en forma cotidiana por sus opiniones y pronunciamientos, resulta de público y notorio que simpatizan con las multinacionales, o con grupos de poder plutocrático, y hasta con torturadores y asesinos.-

Por lo tanto la clave principal para la solución del problema de precariedad institucional y decadencia generalizada que padecemos, está en emprender una lucha para lograr un cambio de mentalidad en funcionarios policiales, judiciales y magistrados, ya que de no hacerlo, nada cambiará.-

¿Qué cambios deberían producirse en el sistema judicial?

En el Poder Judicial de la Nación, según todas las encuestas, el más desprestigiado y menos creíble de los tres poderes que integran el gobierno federal, tenemos que promover cambios rotundos y de ser posible inmediatos, ya que como dijésemos estamos ante una situación francamente esquizofrénica, puesto que sedicentemente nos rigen normas procesales de avanzada, y garantías constitucionales ubérrimas e insuperables, pero por el otro lado para aplicarlas contamos en los estrados con magistrados y fiscales, que salvo honrosas excepciones, simpatizan con los grupos y factores de poder permanente, y lo que resulta más grave todavía se encuentran consustanciados con principios filosóficos antitéticos a los de la Constitución Nacional.-

Hoy por hoy la vigencia real y efectiva de la legislación vigente resulta una quimera, ya que no contamos todavía con una masa crítica suficiente de funcionarios en todos los niveles, y/o de magistrados que sientan y quieran que esas normas deban ser cumplidas en beneficio de toda la ciudadanía y los habitantes de la República en forma igualitaria, sino precisamente de todo lo contrario.-

Los abogados, quienes como el suscripto, tenemos en nuestro trabajo cotidiano, que formular denuncias por ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada la precariedad institucional y abusos de toda índole que se cometen impunemente en la Argentina desde hace décadas, lo que nos obliga a tener que procurar justicia en estrados supranacionales, vemos que los policías federales, fiscales, y hasta magistrados, quienes por el tenor de las denuncias y las pruebas categóricas que las sustentan ya no pueden dudar sobre lo oportunas y justicieras que son nuestras denuncias en búsqueda de reparación del daño provocado por violaciones a los derechos humanos, lejos de adherirse o simpatizar con las mismas, como debieran hacerlo ya que su obligación primera debiera ser el acatar y hacer cumplir la Constitución Nacional y demás leyes vigentes en la República, no nos miran precisamente con “buenos ojos”, sino todo lo contrario, mientras que a los jueces, fiscales, y policías corruptos que con sus delitos temerarios e inexplicables nos obligaron a tener que formular las citadas denuncias, los apoyan, los protegen, simpatizan públicamente con ello, y en ciertos casos hasta los consideran auténticos “próceres”, cuando lo cierto es que debieran repudiarlos, denostarlos, y someterlos a proceso, ya que se trata, en algunos casos, tan sólo de esperpentos paradigmáticos, de la tortura, de la corrupción, y/o del encubrimiento institucional, provocadores de inseguridad jurídica, y hasta de que el Estado Nacional deba tener que abonar como resultado de las sentencias dictadas en su contra por estrados supranacionales, cuantiosas reparaciones económicas a las víctimas de tales violaciones a los Derechos Humanos.-

Sin embargo las cosas funcionan así. Obviamente son así porque como decía Antonio Porchia, “Para poder perdonarlo todo, primero hay que saber perdonarse todo”.- Es evidente que los jueces, fiscales y policías que amparan y encubren a corruptos, torturadores y asesinos, es porqué pretenden que, en el caso de tener la mala fortuna de que se descubran sus “andanzas” y manipulaciones, también a ellos se les concedan las mieles de la indemnidad más absoluta.-

Por su parte los magistrados que sentencian “casualmente” siempre a favor de los bancos, y/o de las multinacionales, o de los grupos de poder vernáculo, y/o de las corporaciones, además de otras razones de peso, que bien sabemos todos que existen, ya que jamás podrían la mayor parte de los magistrados corruptos que padecemos desde siempre justificar sus harto elevados niveles de vida, a simple vista incongruentes con sus ingresos legítimos y declarados, lo hacen porque simpatizan y congenian de maravillas, con esa gente, con esos personajes que proceden como auténticos “Dioses del olimpo”, y con ese tipo de estructuras de poder, que son las del poder oligárquico, que pretende el bien, la superabundancia, la más absoluta impunidad, y la excelencia para unos pocos “elegidos” y sus “afortunados” allegados, y el caos, la frustración, la injusticia, la persecución, y hasta la privación de lo más elemental para el resto de los mortales, que no habrían tenido, como ellos y sus familiares y amigos, la fortuna de ser agraciados por los “Dioses”.-

Ante este panorama, y siendo obvio que, como explicásemos en la obra recientemente publicada, nada podemos esperar del Consejo de la Magistratura, ya que dicho organismo lamentablemente está dominado por sectores de poder y fuerzas oligárquicas, vinculados a las multinacionales y a los grupos económicos más concentrados, poder que nada tienen que ver con el de los gobiernos de turno, que “pasan” mientras ellos “quedan”, ya que se trata del poder económico permanente, el que tiene a sus títeres y “mandaderos” dominando o al menos influenciando en la justicia desde siempre, consideramos que la única solución es efectuar, sin prisa pero sin pausa, una auténtica depuración en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, de una magnitud tal como la que se hiciese recientemente en las filas policiales.- Sin embargo, dado que esta “purga” no podría producirse por decreto, ya que se trata especialmente en el caso de la Justicia de otro Poder, el Poder Judicial de la Nación, hay que provocarlo cubriendo las vacantes, no con las nuevas camadas de integrantes de nuestra perfumada “colonia judicial”, sino con otra gente, con gente distinta, consustanciada con la lucha por los derechos humanos para todos y con el mandato de la Constitución Nacional.-

Hay que inyectar en el Poder Judicial y en la Procuración sangre nueva, que nada tenga que ver con esos grupos tradicionales de rancia concepción oligárquica y antidemocrática, que para colmo de nuestros males, casi todos son amigos íntimos o parientes, lo que puede comprobarse con tan sólo proceder a dar lectura a los obituarios de los principales periódicos argentinos, especialmente del diario “La Nación”.-

En las nuevas designaciones de jueces y fiscales, y también de jefes y funcionarios policiales, aunque parezca “…una verdad a lo Perogrullo”, hay que dar prioridad a los funcionarios antes que nada consustanciados con la ley y con los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional, con el sistema democrático y republicano de gobierno, y con valores como el de la justicia para todos de forma igualitaria, la solidaridad, la decencia, y la dignidad.-

En lo institucional, y como ejemplo, simplemente cumpliendo con lo ordenado con la Constitución Nacional y estableciendo el “juicio por jurado”, podríamos lograr que el Pueblo de la Nación Argentina, en lugar de los habituales “tríos conversables” que deciden sobre la vida y hacienda de los argentinos desde sus acomodadas poltronas en los tribunales orales, dicte sentencia contra quién corresponda y de manera justa la ciudadanía, de este modo eliminaríamos muchos de los “negocios”, y de la corrupción existente en la Justicia Nacional.-

Si no eliminamos, con los códigos de ética y penal en la mano a todas esos entramados “mafiosos” de síndicos, peritos, martilleros, y hasta “allegados”, “influyentes”, y “pasilleros” que pululan por los edificios de los tribunales vernáculos, “haciendo negocio” y “vendiendo” resoluciones “a medida” de las necesidades del “mejor postor”, tampoco podremos cambiar demasiado las cosas.-

Por lo tanto, la lucha que nos resta por el restablecimiento de las instituciones del derecho y la justicia tiene que ser prolongada, ininterrumpida y sin concesiones, y resulta fundamental para lograrlo que podamos concientizar a la población, hoy tan desinformada sobre lo que sucede, y formar una masa crítica con la militancia de la ciudadanía sin distinción de banderías político partidarias, para que nuestro pueblo luche por la verdad y la justicia, y por la vigencia irrestricta de los derechos que consagra la Constitución Nacional, los que se nos deniegan por resultar hasta ahora mera “letra muerta”.-

Sólo así podremos, entre todos, ya que no hay otra manera de hacerlo, modificar esta siniestra realidad que venimos padeciendo desde hace décadas, y que es el mayor factor productor y promotor de la inseguridad pública, decadencia moral, y precariedad institucional que soportamos estoicamente los argentinos. Tan sólo así podremos restablecer la República y sus instituciones y los beneficios de la libertad y del bienestar general, y asegurar así finalmente, la tan anhelada justicia para todos.

Por Ángeles bellomo